
Mientras buena parte de la conversación aeronáutica sigue atrapada en indicadores y cifras de crecimiento, hay señales mucho más importantes que están pasando casi inadvertidas en la cabina de mando nacional.
México acaba de enviar un mensaje positivo: La AFAC, encabezada por EMILIO AVENDAÑO GARCÍA, renovó los Certificados de Aeródromo Civil de los aeropuertos de Tijuana y Los Cabos.
No es un simple trámite administrativo; es una confirmación de que la seguridad operacional continúa siendo el principal activo de la aviación mexicana, justo cuando el país debe prepararse para futuras auditorías internacionales.
Después de la amarga experiencia de la Categoría 2 de la FAA, sería un auténtico barreno volver a bajar la guardia.
La seguridad aérea no entiende de discursos políticos ni de austeridad; exige inspectores, capacitación, inversión, supervisión permanente y una autoridad técnica fuerte.
En paralelo, OMA al mando de RICARDO DUEÑAS ESPRIU demuestra que sí es posible volar con visión de largo alcance.
Reducir 88 por ciento sus emisiones de carbono mientras moviliza 28.8 millones de pasajeros confirma que la sostenibilidad dejó de ser un elegante discurso para convertirse en una estrategia que fortalece competitividad, eficiencia y reputación internacional.
En contraste, el AICM aún bajo el timón de JUAN JOSÉ PADILLA OLMOS sigue operando en un eterno patrón de espera.
Retrasos, saturación y pasajeros resignados a que la puntualidad sea una excepción.
Lo preocupante no son las demoras; lo verdaderamente peligroso es que la industria y las autoridades comienzan a considerarlas normales.
Mientras tanto, vuelve a surgir el debate sobre la posibilidad de desarrollar un nuevo hub internacional en Tizayuca, Hidalgo.
La propuesta merece estudios serios, no aplausos automáticos ni descalificaciones ideológicas.
México necesita comenzar a diseñar la aviación de los próximos cuarenta años y dejar de administrar únicamente las urgencias del presente.
Las grandes potencias ya despegaron hacia el siguiente nivel.
Estados Unidos anunció una inversión superior a 20 mil millones de dólares para transformar el aeropuerto Washington Dulles en un centro logístico de clase mundial.
Y, por si alguien piensa que todo esto se reduce a certificados, inversiones o comunicados oficiales, basta revisar lo ocurrido hace apenas unos días en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Durante el abordaje de un vuelo de VIVA, autorizado a las 22:34 horas, un pasajero con movilidad reducida no podía abordar porque el personal de asistencia llegó sin la silla pasillera y, además, no existía suficiente personal para atenderlo.
La silla especializada apareció hasta las 22:54 horas y el último pasajero abordó a las 22:57, generando once minutos adicionales de demora.
Sin embargo, esos once minutos son lo menos importante.
Lo verdaderamente grave es que, de acuerdo con el reporte operativo, el pasajero tuvo que arrastrarse para poder subir al avión, una escena que jamás debería ocurrir en un aeropuerto que presume instalaciones de primer nivel.
La asistencia a personas con discapacidad no es un servicio opcional ni un gesto de buena voluntad; es una obligación operacional, legal y ética.
Cuando falla la coordinación entre la aerolínea y el servicio de asistencia en tierra, no solo se afecta la puntualidad del vuelo: se pierde algo mucho más valioso, la dignidad del pasajero.
Los certificados generan confianza. Las inversiones generan infraestructura. Los discursos generan titulares.
Pero la verdadera grandeza de una industria aérea se mide por la manera en que trata al pasajero más vulnerable.
Y en ese vuelo… VIVA perdió mucha más altitud que once minutos.
¡Queda Dicho!
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