La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prepara una reforma integral a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, con el propósito de modernizar la regulación del sector, reforzar la seguridad operacional y atender diversos planteamientos presentados por la industria.
De acuerdo con la propuesta presentada en una reunión de la SICT se trataría de la actualización más relevante de la legislación aeronáutica desde su creación en 1995. El proyecto fue trabajado en mesas permanentes coordinadas por la secretaria, con la participación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Los principales ejes incluyen la actualización del marco normativo, el fortalecimiento de las atribuciones de la autoridad, la mejora de la seguridad de la aviación civil, cambios en la investigación de incidentes y accidentes, y la incorporación de sanciones económicas y penales para pasajeros insubordinados o perturbadores.
En la Ley de Aviación Civil se plantean 13 cambios sustantivos. Entre ellos se encuentra el reconocimiento legal de SENEAM como órgano desconcentrado de la SICT encargado de prestar los servicios a la navegación aérea, así como la regulación de las operaciones en altamar conforme a acuerdos regionales.
La iniciativa también propone ampliar las facultades de los inspectores verificadores para que puedan acceder a instalaciones y aeronaves de operadores y prestadores de servicios, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, busca precisar las atribuciones de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos.
Otro de los cambios consiste en estandarizar la figura de asignatario, con el fin de definir con mayor claridad sus derechos y obligaciones.
En el caso de los pasajeros insubordinados, se incorporarán reglas para prevenir, atender, manejar, notificar y registrar incidentes a bordo o en instalaciones aeroportuarias.
El proyecto prevé que los recursos obtenidos por multas impuestas por la AFAC se destinen al fortalecimiento de sus funciones sustantivas. También plantea crear un capítulo de delitos aeronáuticos para sancionar conductas que pongan en riesgo las operaciones o las instalaciones, además de simplificar los procedimientos administrativos mediante la definición de competencias, etapas y plazos.
La reforma también busca consolidar a la AFAC como autoridad técnica especializada en certificación, supervisión y seguridad de la aviación civil. Para ello se incorporarán instrumentos regulatorios relacionados con seguridad operacional, facilitación de procesos, manejo de carga aérea, control de riesgos, búsqueda y salvamento e investigación de accidentes.
En la Ley de Aeropuertos se contemplan 11 cambios sustantivos, entre ellos la actualización del marco jurídico que regula la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, así como su armonización con la Ley de Aviación Civil y el fortalecimiento de las facultades de los comandantes de aeropuerto y comandantes regionales.
La propuesta incluye un capítulo sobre control del peligro aviar y fauna silvestre en los aeródromos, además de delitos especiales aeroportuarios para sancionar actos que comprometan la seguridad de las operaciones en tierra o de las instalaciones.
También se establecerán estándares obligatorios de seguridad operacional para los servicios complementarios.
En materia de infraestructura y concesiones, se plantea que los solicitantes de títulos de asignación, concesión o prórroga sean responsables de elaborar el proyecto de rentabilidad económica.
También se incorporaría la figura de negativa ficta (la solicitud se considera rechazada si la autoridad no responde dentro del plazo legal) en solicitudes de permisos para aeródromos civiles, se precisarían las causas de revocación y se sujetaría la asignación de slots en aeropuertos saturados a bases técnico-administrativas emitidas por la AFAC.
Con estos cambios, la autoridad busca modernizar la regulación económica y operativa del sistema aéreo mexicano, fortalecer la supervisión estatal y acercar las reglas nacionales a los métodos y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, en un contexto de mayor demanda de seguridad, eficiencia y certeza jurídica para operadores, aeropuertos y pasajeros.
