El tercer y último paper de la serie The Future of Space Law del Centro para el Futuro del Espacio / Centre for Space Futures (CSF) -de Arabia Saudita- plantea la pregunta central que guía el análisis sobre el futuro del derecho espacial. En un entorno espacial profundamente transformado por la geopolítica de la nueva carrera espacial; el NewSpace; la proliferación de las mega constelaciones y congestión orbital (STM); el retorno estratégico a la Luna y la exploración cislunar; el uso dual (civil/militar) de la innovación tecnológica y la creciente dimensión de la seguridad; la comercialización y el aumento del número de actores, además de la transición de las normas jurídicas abstractas a una gobernanza pragmática: ¿Cómo pueden mantenerse operativos y efectivos los principios del Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST)? . El informe revisa modelos internacionales de gobernanza en dominios compartidos para regular actividades espaciales, busca establecer estándares que soporten la seguridad de las operaciones y fomenten la inversión; está disponible para descarga en el siguiente vínculo: https://www.spacefutures-sa.com/docs/The_Future_of_Space_LawOperationalizing_Space_Governance.pdf
Es pertinente destacar que los papers previos de la serie (véanse mis colaboraciones: “El futuro del derecho espacial basado en la experiencia del derecho aeronáutico”, oct. 31, 2025 y “El futuro del derecho espacial según el centro saudí para el futuro del espacio” ene. 23, 2026), analizaron los modelos comparados de gobernanza existentes -especialmente el de la aviación civil internacional OACI y las perspectivas de los marcos jurídicos del Tratado Antartico (ATS), CNDUM y la UIT- y que este tercer informe: El futuro del derecho espacial, la puesta en práctica de la gobernanza espacial / The Future of Space Law: Operationalizing Space Governance (Su publicación se anunció el 1° de enero, 2026), se enfoca en la implementación práctica. El propósito no es reformar el derecho espacial mediante nuevos tratados, sino desarrollar una arquitectura funcional que permita aplicar de manera consistente y previsible los principios existentes, preservando la soberanía estatal. Lo anterior, examinando minuciosamente el panorama cambiante del derecho espacial, analizando las lecciones aprendidas en otros ámbitos de la gobernanza global.
Por ello, considero necesario llevar a cabo un análisis crítico en profundidad del tercer paper, evaluando sus aportes conceptuales, fortalezas metodológicas, limitaciones normativas y políticas, así como sus desafíos estructurales, situándolo dentro del debate contemporáneo sobre la gobernanza del espacio ultraterrestre.
Aporte central y relevancia del documento
El principal mérito del informe radica en su enfoque pragmático frente a uno de los problemas más persistentes del derecho espacial, la brecha entre principios jurídicos abstractos y prácticas operativas concretas. A diferencia de propuestas que buscan reformar o reemplazar el Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST), este trabajo parte de una premisa jurídicamente realista: el OST no está obsoleto en sus principios, sino incompleto en su implementación. Lo cual reviste especial relevancia considerando el valor del derecho espacial vigente, codificado en el seno de las Naciones Unidas.
Desde esta perspectiva, el documento representa un aporte relevante al debate académico y político al desplazar el foco desde la creación de nuevas normas jurídicas hacia la arquitectura funcional de la gobernanza, entendida como el conjunto de mecanismos técnicos, procedimentales y organizativos que permiten que el derecho sea efectivamente aplicado en los actuales contextos complejos.
Fortalezas conceptuales
Una de las principales fortalezas del documento es su uso sistemático del derecho comparado funcional. En lugar de buscar analogías institucionales superficiales, el análisis identifica funciones recurrentes de gobernanza en distintos regímenes de bienes comunes globales -aviación, Antártida, océanos y telecomunicaciones- y las abstrae de su contexto específico. Esta metodología evita caer en el frecuente error de trasladar modelos institucionales completos sin atención a sus condiciones históricas y operativas.
Asimismo, el énfasis en la aviación civil internacional como modelo funcional, a pesar de sus diferencias en el ámbito de aplicación, resulta particularmente sólido. El paralelismo con el sistema Marco de normas y prácticas recomendadas (SARPs) multi nivel para el espacio / Multi-Tiered Standards and Recommended Practices (SARPs) Framework for Space -de la OACI- es convincente, tanto por la naturaleza transfronteriza de la actividad como por la coexistencia de soberanía estatal y operación privada. El informe demuestra adecuadamente que la armonización regulatoria global puede lograrse mediante normas técnicas voluntarias, siempre que estén respaldadas por incentivos claros y prácticas de supervisión nacional coherentes.
Valor añadido del marco SARPs multinivel
El marco SARPs multinivel constituye el corazón innovador del documento. Su división en tres niveles -fundamentos legales y económicos, normas técnicas y protocolos operativos- ofrece una claridad analítica poco común en la literatura sobre gobernanza espacial, que suele mezclar planos normativos, técnicos y políticos sin una delimitación funcional clara.
Desde un punto de vista crítico, la estructuración del informe permite visibilizar un problema central del derecho espacial contemporáneo, muchos debates se concentran en principios jurídicos (debido respeto, no apropiación, responsabilidad), mientras que los conflictos reales emergen en el plano técnico-operativo (conjunciones, interferencias, proximidad, uso simultáneo de superficies). El marco propuesto contribuye a cerrar esta brecha conceptual. No obstante, el carácter voluntario del marco plantea serias interrogantes sobre su capacidad real de producir convergencia global, especialmente en un entorno crecientemente competitivo y geopolíticamente fragmentado.
Limitaciones normativas del enfoque voluntario
Aunque el documento defiende con coherencia la conveniencia de evitar nuevas obligaciones vinculantes, esta elección constituye también su principal debilidad. El análisis subestima las asimetrías de poder (geopolíticamente hablando), capacidad técnica y prioridades estratégicas entre los Estados y actores privados. En particular, el tercer informe asume que los incentivos de mercado, la eficiencia operativa y la reducción de riesgos serán suficientes para motivar la adopción del marco SARPs. Esta suposición resulta loable para operadores comerciales maduros, pero menos convincente para:
– Estados con programas espaciales emergentes.
– Actores con objetivos predominantemente estratégicos o de seguridad.
– Operaciones estatales no comerciales sujetas a lógicas de confidencialidad.
La experiencia práctica comparada muestra que incluso en regímenes exitosos como la aviación o las telecomunicaciones, la adopción voluntaria ha sido reforzada gradualmente por mecanismos de verificación cuasi vinculantes, auditorías, reputación internacional y condicionalidades de acceso. El informe reconoce parcialmente esta limitación, pero no la aborda en toda su profundidad.
Ambigüedades respecto a la dimensión de la seguridad
Uno de los puntos más problemáticos del tercer y último informe es su tratamiento relativamente cauteloso -y en ocasiones ambiguo- de la dimensión de seguridad y defensa. Aunque se reconoce la naturaleza de uso dual de muchas tecnologías espaciales, el análisis evita confrontar plenamente la tensión entre transparencia operativa y consideraciones militares.
La propuesta del sistema SARPs funciona mejor en un entorno predominantemente civil y comercial. Sin embargo, el informe no ofrece respuestas claras sobre:
– La aplicabilidad del marco a operaciones militares.
– La compatibilidad entre estándares de transparencia y doctrinas de disuasión.
– El riesgo de fragmentación normativa entre sistemas civiles y de defensa.
Esta omisión es comprensible desde una óptica política, pero limita la capacidad del marco para constituirse como un verdadero sistema de gobernanza integral del dominio espacial.
La implementación: realismo institucional vs. optimismo gradualista
Las vías de implementación propuestas -nacional, regional, multilateral e industrial- representan uno de los aspectos más sólidos del documento, y el reconocimiento explícito de que la gobernanza evoluciona de manera gradual y multinivel es coherente con la práctica internacional contemporánea.
Sin embargo, el modelo de adopción por fases parece apoyarse en un optimismo institucional que no siempre corresponde con la realidad política de la UN COPUOS y otros foros multilaterales especializados (como la UIT, entre otros de carácter técnico y privado) alejados por rivalidades sistémicas. La suposición de que a través de grupos técnicos voluntarios se podrá avanzar de manera sostenida, puede verse erosionada por potenciales bloqueos políticos, especialmente en cuestiones relacionadas con acceso a los recursos lunares o la gestión de las mega constelaciones satelitales.
Contribución académica y política
Pese a sus limitaciones, el tercer informe del CSF realiza una contribución significativa al debate académico sobre derecho espacial, al redefinir la gobernanza como arquitectura funcional más que como diseño normativo. Esta aproximación ofrece una vía intermedia entre el inmovilismo jurídico (derivado de la crisis del multilateralismo) y el maximalismo regulatorio, especialmente valiosa en un entorno donde la renegociación de los tratados (derecho espacial vigente) parece políticamente inviable. Además, el lenguaje del documento resulta accesible tanto para juristas como para reguladores, académicos, ingenieros y actores industriales, lo cual amplía su impacto potencial como herramienta de referencia práctica.
A la luz de estas consideraciones, el futuro de la gobernanza espacial -según el CSF- dependerá de la capacidad de la comunidad internacional de convertir los principios jurídicos, construyendo una implementación coordinada de prácticas operativas concretas, más que mediante declaraciones normativas. Por lo que, el marco SARPs multinivel se presenta como una plataforma flexible y evolutiva, capaz de traducir los principios del OST en herramientas concretas que favorezcan la previsibilidad en el espacio exterior, la seguridad, la transparencia, la interoperabilidad y el crecimiento sostenible de la economía espacial, respetando al mismo tiempo la soberanía de los Estados, sin requerir nuevas obligaciones legales.
En suma, The Future of Space Law: Operationalizing Space Governance es un documento intelectualmente sólido, metodológicamente riguroso y políticamente prudente. Su principal virtud reside en ofrecer una hoja de ruta funcional y realista para mejorar la gobernanza espacial sin erosionar el marco jurídico existente. Su principal debilidad reside en la dependencia excesiva de la adopción voluntaria, especialmente frente a dinámicas de poder, seguridad y competencia estratégica que podrían limitar la eficacia del marco SARPs. Aun así, el documento no debe entenderse como una solución final, sino como una plataforma evolutiva que aporta estructura, lenguaje común y orientación jurídica práctica a un debate que, de otro modo, corre el riesgo de permanecer en el plano declarativo y de inacción.
El análisis desde una perspectiva latinoamericana
Desde una perspectiva latinoamericana y del Sur Global, el marco SARPs propuesto ofrece ventajas relevantes, pero también expone tensiones estructurales. Su énfasis en la adopción voluntaria, su modularidad y la preservación de la soberanía resulta, hasta cierto punto, atractivo para algunos Estados con capacidades espaciales emergentes, que históricamente han buscado evitar regímenes excesivamente restrictivos dominados por potencias espaciales tradicionales. El enfoque gradual permite a estos Estados incorporarse a prácticas de gobernanza sin asumir compromisos normativos que superen su capacidad técnica o institucional, lo que puede favorecer una inserción más equitativa (accesible) en la economía espacial global.
Sin embargo, el marco parte de supuestos que reflejan principalmente la realidad de las potencias espaciales, con infraestructuras regulatorias consolidadas y fuerte interacción con el sector privado. Para muchos países del Sur Global, la adopción efectiva de SARPs podría verse limitada por carencias en capacidades técnicas, acceso a datos de Space Situational Awareness (SSA) y recursos financieros. Existe además el riesgo de que estándares “voluntarios” terminen funcionando como umbrales de facto para el acceso a mercados, reproduciendo mayores asimetrías estructurales y desplazando el centro normativo hacia actores con mayor poder tecnológico y comercial. Desde esta perspectiva, el marco debería complementarse explícitamente con mecanismos de fortalecimiento de capacidades y cooperación técnica internacional, en línea con los principios de equidad, uso pacífico y beneficio común consagrados en el derecho espacial.
Comparación crítica con otras propuestas recientes de gobernanza espacial
En comparación con otras propuestas recientes de gobernanza espacial -como los Acuerdos Artemis, las Directrices de sostenibilidad a largo plazo de la actividad espacial de la COPUOS o iniciativas de gestión del tráfico espacial (STM) lideradas por coaliciones de Estados- el marco SARPs se distingue por su estricto tecnicismo, su neutralidad política y su apego al OST de 1967. A diferencia de los Acuerdos Artemis, que introducen conceptos jurídicamente controvertidos como las “zonas de seguridad”, el modelo SARPs evita reinterpretaciones sustantivas del principio de no apropiación y se concentra en la operacionalización práctica, mediante estándares técnicos y procedimientos coordinados. El informe propone que el marco SARPs -de varios niveles- plasme el OST en prácticas de gobernanza adaptables a una economía espacial en rápida expansión.
No obstante, frente a las propuestas normativamente ambiciosas, el marco SARPs puede parecer insuficiente y frágil para abordar conflictos estructurales emergentes, como la competencia por recursos lunares o la congestión orbital causada por las mega constelaciones. Mientras que algunas corrientes abogan por nuevos instrumentos jurídicos o por la expansión interpretativa del OST, el enfoque del marco SARPs privilegia la gestión del riesgo operativo y la coordinación técnica sobre la resolución de disputas distributivas de largo plazo. Esto refuerza su viabilidad política en el corto plazo, pero también limita su capacidad para responder a tensiones profundas que probablemente requerirán, eventualmente, desarrollos normativos más complejos y explícitos.
Los tres papers del CSF están articulados como una trilogía progresiva y coherente, en la que cada documento cumple una función específica dentro de una misma línea argumental sobre la evolución del derecho y la gobernanza espacial. El primero establece el punto de partida conceptual al examinar la relación entre el derecho aeronáutico y el derecho espacial, utilizando el sistema de la OACI como ejemplo de cómo principios jurídicos amplios pueden convertirse en un sistema operativo global mediante normas técnicas y prácticas recomendadas. Su función es demostrar que la eficacia del derecho internacional no depende necesariamente de nuevos tratados, sino de mecanismos de implementación funcionales. El segundo amplía este enfoque comparado al analizar otros regímenes de bienes comunes globales -como la Antártida, el derecho del mar y las telecomunicaciones- para identificar funciones de gobernanza recurrentes (transparencia, registros, estándares técnicos, supervisión, incentivos), abstraídas de sus contextos institucionales específicos.
Y el tercero se apoya directamente en esas dos bases analíticas y cumple una función de síntesis y aplicación: integra las lecciones del derecho comparado y las convierte en una propuesta concreta de operacionalización del Tratado del Espacio Ultraterrestre mediante un marco multinivel de SARPs. De esta forma, la relación entre los tres documentos no es simplemente temática, sino estructural y metodológica: el primero diagnostica un modelo exitoso, el segundo generaliza sus funciones en distintos regímenes, y el tercero ensambla esos elementos en una arquitectura práctica para la gobernanza espacial contemporánea. En conjunto, los tres aportes conforman un argumento continuo que va del análisis conceptual a la propuesta operativa, reforzando la coherencia y el impacto de la contribución del CSF al debate global.
En suma, los tres papers sobre el futuro del derecho espacial constituyen una contribución significativa y coherente al debate contemporáneo sobre la gobernanza espacial global, al ofrecer una lectura evolutiva y pragmática del marco jurídico existente. En conjunto, la serie avanza desde el diagnóstico comparado de otros regímenes de bienes comunes globales, pasando por la identificación de funciones recurrentes de gobernanza, hasta la propuesta de un modelo concreto para operacionalizar el OST mediante estándares técnicos y prácticas coordinadas. Su principal aporte reside en desplazar el debate desde la necesidad -políticamente improbable- de nuevos tratados hacia la implementación funcional del derecho vigente, integrando derecho, técnica y operación en una arquitectura multinivel adaptable. De este modo, los tres papers enriquecen el discurso académico y político al aportar un lenguaje común entre juristas, reguladores e industria, y posiciona a un actor emergente del Sur Global (Arabia Saudita) como generador de ideas estructuradas, innovadoras y relevantes para la gobernanza del espacio ultraterrestre en un contexto de creciente multipolaridad y comercialización.
En perspectiva, es importante no perder de vista que el desafío actual no es la falta de principios jurídicos, sino la ausencia de mecanismos prácticos para aplicarlos. Aunque el OST proporciona una base normativa sólida, carece de mecanismos operativos adecuados para gestionar tanto las misiones modernas como las mega constelaciones autónomas, operaciones de proximidad, actividad contra espacial, actividades lunares y servicios en órbita liderados por el sector privado. Por lo que, a partir de la experiencia de otros regímenes de bienes comunes globales, se busca mejorar la transparencia, la interoperabilidad y la seguridad sin crear nuevas obligaciones internacionales ni instituciones vinculantes como la anhelada Organización Internacional del Espacio.
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