El espacio ultraterrestre ha sido considerado, desde la firma del Tratado del Espacio Exterior (OST) de 1967, como patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas -a través de la nueva carrera espacial- se observa una transformación profunda en su gobernanza. La irrupción de empresas privadas en la exploración espacial y la intensificación de la competencia geopolítica han generado un escenario donde los límites entre fines civiles y militares se vuelven cada vez más difusos. La privatización y militarización del espacio exterior representan dos dinámicas paralelas que están redefiniendo la gobernanza espacial: por un lado, la creciente participación de empresas privadas en programas como el Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA; y por otro, la utilización del espacio como extensión de la rivalidad geopolítica entre las potencias espaciales como Estados Unidos (EE. UU.) y China, además de la potencias emergentes, Europa (ESA), India, Japón, Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otras. Esta colaboración analiza la privatización del espacio y su militarización, tomando como referencia la influencia indirecta del CLPS de la NASA en el contexto de la nueva carrera espacial.
La privatización del espacio responde al paradigma NewSpace, caracterizado por la participación activa de las empresas privadas en actividades que antes eran monopolio de agencias estatales. El programa CLPS constituye un ejemplo paradigmático: la NASA contrata compañías como Intuitive Machines, Astrobotic y Firefly, entre otras, para transportar cargas útiles científicas a la Luna. Este modelo rompe con la tradición de que las agencias gubernamentales diseñen y operen directamente los módulos de aterrizaje, y en su lugar fomenta un vasto ecosistema comercial que acelera la innovación tecnológica con uso dual. La lógica detrás de este esquema es que la competencia privada reduce costos, dinamiza el desarrollo y permite que nuevas empresas ingresen al sector espacial con rapidez, demostrando que la innovación y comercialización no dependen exclusivamente de décadas de experiencia acumulada.El impacto de esta privatización es doble, por un lado, abre oportunidades inéditas para la ciencia y la economía, al democratizar el acceso a la órbita baja terrestre (LEO) y a la Luna. Por otro, plantea interrogantes sobre la apropiación de los recursos en el espacio ultraterrestre y la ausencia de un marco jurídico internacional efectivo que regule de manera clara la explotación privada (ver mi colaboración “La nueva carrera espacial y su impacto en la seguridad internacional y espacial”, marzo 28, 2025). El OST prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes, pero no contempla explícitamente la explotación comercial de recursos por parte de empresas privadas. Esta ambigüedad legal genera tensiones entre la visión de un espacio como patrimonio común y la realidad efectiva de una economía espacial emergente.
En paralelo, el espacio exterior -como lo he reiterado en esta columna- se ha convertido en una extensión de la rivalidad geopolítica terrestre. EE. UU., China y Rusia consideran el dominio espacial como estratégico para su seguridad nacional. Los satélites de comunicaciones, navegación y observación son activos críticos cuya vulnerabilidad frente a las armas antisatélite (ASAT) preocupa a las potencias, por los riesgos que genera para la seguridad internacional y espacial. La militarización del espacio se manifiesta en pruebas de destrucción de satélites (hasta ahora, cuatro países han realizado pruebas destructivas con ASAT desde la Tierra para destruir sus propios satélites en órbita: EE. UU. (1985/2008), la Unión Soviética/Rusia (años 60, 80 y 2021), China (2007) e India (2019); que han generado miles de fragmentos de basura espacial), en el desarrollo de tecnologías de interferencia y en la creación de comandos militares especializados (fuerzas) en operaciones espaciales. El espacio se ha convertido en un escenario crítico de competencia tecnológica y militar, donde la capacidad de proteger satélites (entre otros activos e infraestructura espacial) y mantener operaciones de GPS o comunicación es prioritaria para las potencias (EE. UU., China y Rusia, además de Francia, la India y otros miembros de la OTAN, que están incrementando su inversión en defensa espacial o fuerzas espaciales, centradas en operaciones militares en el espacio).
En este contexto y las misiones del programa Artemis, la Luna emerge como un terreno estratégico adicional. Aunque programas como el CLPS tienen fines científicos, las tecnologías desarrolladas invariablemente tienen aplicaciones de uso dual, como vigilancia, control de recursos o incluso despliegue de sistemas defensivos. Mas allá del régimen que establece el OST, la falta de regulación internacional específica y efectiva sobre el uso militar del espacio incrementa el riesgo de una nueva carrera armamentista, ahora en el espacio. Aunque el OST instituye que el espacio debe ser utilizado con fines pacíficos, no prohíbe de manera categórica el desarrollo de armas en órbita ni la militarización indirecta mediante tecnologías de uso dual. Esta laguna normativa abre la puerta a que las potencias interpreten el marco legal de manera flexible, justificando acciones que, aunque presentadas como civiles, tienen implicaciones militares. Por ello, he dedicado varias colaboraciones a analizar la importancia del futuro del derecho espacial.
Los riesgos derivados de estas dinámicas son múltiples, la proliferación de las mega constelaciones de satélites comerciales aumenta la congestión orbital y el riesgo de colisiones, incrementando cuantiosamente la basura espacial que amenaza la sostenibilidad de las operaciones en el espacio. La interconexión de satélites los hace vulnerables a ataques cibernéticos (ciberseguridad), con consecuencias potencialmente devastadoras para la seguridad internacional. Además, la ambigüedad legal sobre la explotación de los recursos en el espacio ultraterrestre (Luna, Marte y otros cuerpos celestes del espacio profundo), puede desencadenar disputas entre países y empresas, intensificando la competencia estratégica. El uso dual de la tecnología espacial, desarrollada inicialmente para fines comerciales, pero adaptable a aplicaciones militares, refuerza la inevitable percepción del espacio como un campo de batalla emergente.
Ante este panorama, la cooperación internacional a través de la labor de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UN COPUOS) aparece como un contrapeso necesario. La importante labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (LSC) de la COPUOS es fundamental para establecer normas de conducta y prevenir conflictos. Los programas espaciales colaborativos como la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS) y Artemis muestran -hasta cierto punto- que la cooperación puede coexistir con la competencia, ofreciendo ejemplos de gobernanza compartida. Sin embargo, la magnitud de los desafíos actuales exige un nuevo tratado internacional que regule la explotación de recursos, gestione el tráfico espacial y limite el uso de las armas en la órbita baja terrestre. La diplomacia espacial debe evolucionar para garantizar que el espacio siga siendo un ámbito de colaboración para el desarrollo y exploración, no de confrontación.
En suma, la privatización del espacio, ejemplificada por el programa CLPS, abre oportunidades inéditas para la ciencia y la economía espacial, pero también plantea riesgos de apropiación desigual y militarización. La nueva carrera espacial refleja tanto el ingenio tecnológico como la intensificación de la rivalidad geopolítica. En este escenario, la comunidad internacional enfrenta el reto de diseñar mecanismos de gobernanza que garanticen un uso pacífico, responsable, equitativo y sostenible del espacio ultraterrestre. Solo mediante la cooperación, regulación y visión de largo plazo será posible evitar que el espacio se convierta en un nuevo campo de batalla y asegurar que siga siendo patrimonio de toda la humanidad.
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