No hay duda, el asunto es que funcione el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a cualquier costo, los decretos están al día, ya las compañías aéreas de carga están notificadas de no poder operar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) por “saturación” en las operaciones, cuando en 2018 las operaciones diarias en el AICM eran aproximadamente de 90 al día, con el diseño aéreo anterior, posteriormente, se modificó de tal manera que se vieron obligados a reducir su capacidad a 61 operaciones diarias para poder dar el espacio necesario.
Pero, ¿cuál es ahora la siguiente amenaza para obligar a que funcione el AIFA? ¡El cabotaje! ¿Y qué es el cabotaje?
El cabotaje es un servicio aéreo que permite transportar a personas o mercancías al interior de un país a través de una empresa extranjera. Es decir, es una práctica que permite a aerolíneas de otros países ofrecer sus servicios para vuelos nacionales.
En Estados Unidos y la mayoría de los países tienen totalmente prohibida su operación, pues se podría prestar a manejos de aerolíneas depredatorias. El inquilino de palacio, con tal de que funcione su aeropuerto, ha anunciado, a través del titular de la dependencia, Rogelio Jiménez Pons, que no hay vuelta atrás, pero que existirán limitaciones en su aplicación.
Lo que parecen no entender en palacio es que, una vez que el cabotaje sea autorizado, posiblemente inicie en el AIFA, pero se puede predecir que éste sea utilizado como trampolín para que, posteriormente, se opere bajo este esquema en todo el país, lo que llevaría eventualmente a la quiebra a las aerolíneas y empresas aéreas de carga.
Este desastre, previamente anunciado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), es descrito comparativamente con la venta del territorio nacional por Antonio López de Santa Anna.
Aspa, en unión con El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), conformado por 11 organizaciones, entre colegios, sindicatos y organismos de profesionistas aeronáuticos, ha formado un frente, sin embargo y a pesar de su inconstitucionalidad, el proyecto continúa.
A un año y medio de que termine el sexenio de López Obrador, tan sólo esperamos que estas acciones sean defendidas por nuestras leyes, y que una vez que el siguiente sexenio inicie, sean derogadas, si llegaran a operar.
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