Las distintas noticias que cada tanto aparecen en relación con nuevas disposiciones o ideas acerca de lo que se pretende hacer con el transporte aéreo, los aeropuertos, las leyes, reglamentos y circulares relativas a la aviación, han prendido todas las alarmas entre los diversos agentes de la industria, porque son tan contradictorias que no se sabe si vamos a abrir los cielos, a dejar a la aviación en manos de las fuerzas armadas o a privatizar-estatizar, vender-comprar, expropiar-donar o cerrar el changarro por lo que resta del sexenio.
Si bien el nombramiento del General Vallín al frente de la AFAC fue recibido con optimismo entre los integrantes del sector aéreo mexicano, sobre todo por su oferta inicial de trabajar prioritariamente por recuperar la Categoría 1 que confiere la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), la preocupación va más allá porque se percibe que hay diversos intereses y visiones encontradas al interior de la administración federal, sobre todo entre los mandos de Sedena y de Marina, quienes aparentemente se disputan la atención del jefe del Ejecutivo para que decida imponer cambios de política pública que conllevan alteraciones al marco jurídico.
El principal problema es que, entre que son peras o son manzanas, se está perdiendo un tiempo precioso para poder consolidar una estructura que le permita al país transitar hacia una industria aérea fuerte y bien consolidada, que evite que cada vez que haya una auditoría (de FAA o de OACI) se vuelva a presentar una situación de emergencia.
Aún más: la industria en el mundo va caminando a marchas forzadas, una vez que la pandemia parece que ha remitido o que al menos el sector ha decidido lidiar con los problemas sanitarios de otra manera que no sea cerrar las fronteras.
Se presentan grandes retos como son la lucha contra la huella de carbono a través del uso de nuevos combustibles sustentables (los conocidos como SAF) y la nueva tecnología que se desarrolla en el mundo para tener nuevos medios de propulsión; los drones y otros vehículos autónomos, junto con su normatividad; las exigencias para que las aerolíneas adopten criterios ESG (normas ambientales responsables, gobernanza institucional e impacto social); la atención al cliente, la eficiencia de los aeropuertos, etc.
Y mientras eso ocurre en el resto del mundo, en México se debaten cuestiones que ni los países que carecen de una aviación competitiva, como Cuba o Venezuela, se han planteado, como son el otorgamiento de quintas libertades o el cabotaje.
México sí tiene una industria qué cuidar, una red de aeropuertos qué gestionar para potenciar su turismo y su comercio (las principales fuentes de ingresos externos) y que pueden ser detonadores de desarrollo, si tan solo existiera la voluntad de lograrlo.
Por eso es que urge la política de Estado en materia de aviación: consensada con todos los actores, de largo plazo que transite los sexenios para evitar los bandazos, con una visión que permita apostarle al futuro, tal como lo hacen en todos los países cuya aviación sirve de pivote para el crecimiento económico.
Hasta países que sólo tienen un aeropuerto y nada de territorio, como Singapur, le han apostado a la aviación siguiendo una política pública. Urge poner manos a la obra. E-mail: raviles0829@gmail.com
