“Un verdadero hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza” –Napoleón Bonaparte.
Si no se registra algún cambio de última hora, al momento de publicar esta columna la controvertida consulta popular sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto se estará llevando a cabo, y vemos en los medios cómo desde hace semanas ha sido muy clara y directa la inclinación abierta del gobierno entrante por la opción de suspender el proyecto en Texcoco y comenzar con el proyecto Benito Juárez-Santa Lucía, esto en contra de las opiniones de expertos nacionales e internacionales, las advertencias tanto de las agencias económicas calificadoras más importantes como de la cúpula empresarial. Como ejemplo está el negro augurio vertido por el Consejo Coordinador Empresarial en los últimos días.
Solo los habitantes de 526 municipios, de los dos mil 445 que tiene nuestro México, tendrán oportunidad de votar y externar su opinión, es decir, apenas arriba del uno por ciento del padrón electoral.
Además de la falta de representantividad, es muy probable que los participantes no cuenten con la información ni con los elementos y conocimientos técnicos necesarios para dar una opinión calificada sobre la compleja planeación y construcción de un aeropuerto internacional y todas sus implicaciones.
Se sabe también, y ha sido aceptado por el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que la cancelación del proyecto Texcoco representa una pérdida de 100 mil millones de pesos que han sido invertidos hasta ahora, más lo que se acumule hasta el 1 de diciembre con los “extras” que se refieren a multas por incumplimientos de contrato y todo lo que le sigue. Por su parte, el actual secretario considera que el daño económico al país sería incalculable.
Un tema que no se ha mencionado mucho es el relacionado con el inicio del proyecto, que incluye mover la base aérea de Santa Lucía, la más importante y estratégica del país, para convertirla en un aeropuerto civil y operarlo de forma simultánea con el actual Benito Juárez en operación. A este respecto, todavía no ha habido -ni creo que haya- ni una sola palabra por el más alto mando de nuestro Ejército y Fuerza Aérea.
Para empezar, el costo de la reubicación resultaría ser enorme, pues ahí se encuentra la 37 zona militar y ahí tienen su residencia permanente aproximadamente mil 200 familias distribuidas en tres unidades habitacionales. Todo el personal es atendido por un Hospital militar que funciona al 100% y atienes a 10 mil militares y más de tres mil derechohabientes, aproximadamente.
En esta importante base también alberga los mayores depósitos de armamento, municiones, vestuario para el personal y refacciones para la flota aérea, así como una escuela de formación militar para tropas especiales y materiales de guerra. También hay que recordar que los terrenos en donde se encuentra pertenecen al Ejército Mexicano.
Convertir Santa Lucía en un aeropuerto civil también podría convertirse en un gran dolor de cabeza para todas las aerolíneas, que deberán implementar una logística cuyo enorme precio seguramente sería trasladado al pasajero.
Por otra parte, está la inversión anunciada para readaptar el aeropuerto actualmente en operación y rehabilitar el de Toluca a un costo de 5 mil millones de pesos. Esta “solución” se suma a las muchas que ya han sido pensadas y aplicadas, con los resultados que todos conocemos y que han terminado en una sobresaturación no sólo en él área de maniobras del propio Benito Juárez, sino sobre su espacio aéreo que registra hasta 50 operaciones de despegues y aterrizajes cada hora, más de mil cada día y hasta 440 mil cada año.
Solo como un dato adicional y como simple ejemplo, el aeropuerto Charles de Gaulle de París se declaró sobresaturado hace unos años cuando alcanzó las 350 mil operaciones anuales, y hay que decir que este aeropuerto es uno de los más grandes del mundo, con un espacio aéreo extenso y libre de obstáculos orográficos.
Mucho se ha hablado también de los graves problemas de corrupción -aunque nadie ha aportado pruebas todavía- en la asignación de contratos para la mega obra en Texcoco. Si esto es cierto, el propio presidente electo debería estar tomando cartas en el asunto, ordenar las investigaciones necesarias a través de una comisión honesta e independiente, y deslindar responsabilidades para castigar a quien haya cometido algún delito, sea quien sea.
Pero no por ello se deberían echar a la basura todos los recursos económicos y humanos invertidos hasta hoy, convirtiendo en elefante blanco una importante obra de infraestructura que, de completarse, estaría trayendo grandes beneficios económicos y sociales a nuestro país.
Debo insistir en que este asunto se ha manoseado hasta el cansancio y al más puro estilo mexicano tanto en su viabilidad, costo y tiempo de construcción, y que no parece ser la seguridad de millones de pasajeros el criterio más importante, sino los intereses creados alrededor de la elección, el dinero -mucho dinero- y la política, que ya sabemos cómo lo ensucian todo.
México requiere más que nunca de crecer con obras de infraestructura como el proyecto Texcoco, que disparen nuestra economía, ayuden a crear empleos, atraigan capitales, aumenten el turismo y pongan a nuestra aviación comercial en el nivel que merece.
Pensar en “chiquito”, planeando simples “parches” sin visión de futuro, significa vivir en el pasado y seguir siendo los parientes pobres e incómodos en el teatro mundial y nos condena a no salir del subdesarrollo.
En fin, la consulta popular ya está aquí aunque bien sabemos que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de nuestra Constitución y aunque, según mi opinión muy personal, la decisión sobre este tema vital para el nuevo Gobierno parece que ya ha sido tomada por el mismo presidente electo sin hacer caso a las muchas voces calificadas y de expertos en el tema.
¿Será el “pueblo sabio y bueno” -que yo creo que solo servirá de pantalla- el que al final tenga que pagar los platos rotos después de la fiesta si, como se ve venir, se comete un error?
