“La trágica historia de la quiebra de Mexicana de Aviación se remonta al año 2010, cuando la aerolínea dejó finalmente de operar como consecuencia de los pésimos manejos de su dueño en turno, Gastón Azcárraga. Para entender la magnitud de lo que se perdió, hay que recordar cómo estaba estructurada la empresa antes de su caída.
En aquel entonces, el Grupo Mexicana no era una sola entidad, sino que estaba dividido en cuatro partes fundamentales: la emblemática Mexicana de Aviación (vuelos de larga distancia), Click (posteriormente llamada MexicanaClick, enfocada en rutas de bajo costo), Link (antes Alma de México, para rutas regionales) y el MRO (base de mantenimiento, uno de los más importantes de América Latina).
En ese periodo, Mexicana mantenía una relación muy particular con su principal competidor, Aeroméxico. Aunque comercialmente eran rivales, ambas aerolíneas sostenían una unión estratégica en temas operativos y de eficiencia. De hecho, manejaban varias empresas compartidas, como centros de capacitación de pilotos y personal, sistemas de reservas e incluso compartían ciertos servicios de rampa en algunos aeropuertos.
Esta codependencia operativa hacía que, en lugar de duplicar esfuerzos, ambas optimizaran recursos, aunque cada una mantuviera su identidad y flota. Por desgracia, la mala gestión de Azcárraga y el conflicto subsecuente rompieron ese equilibrio, arrastrando a la quiebra no solo a un emblema nacional, sino también a decenas de miles de trabajadores que aún hoy esperan justicia.”
Retomemos un poco la situación actual de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, nos remontaremos a ver un poco de su historia.
Al quebrar Mexicana de Aviación en 2010, se detectaron numerosas inconsistencias en el manejo de sus activos que profundizaron la crisis para los trabajadores. Entre los bienes más valiosos que figuraban en su patrimonio se encontraba, la base de mantenimiento MRO (considerada la joya de la corona por ser una de las más importantes de América Latina con capacidad para dar servicio a aerolíneas de 18 países) y las diversas empresas compartidas que operaba estratégicamente con Aeroméxico.
Lo que generó mayor controversia fue el destino de estas empresas conjuntas. En el proceso de quiebra, Aeroméxico terminó adquiriendo estas compañías compartidas a un precio simbólico de un peso por cada acción, apropiándose así de activos que originalmente correspondían a Mexicana de Aviación. Esta operación permitió que Aeroméxico absorbiera centros de capacitación, sistemas de reservas y otros servicios compartidos sin que los trabajadores de Mexicana recibieran compensación alguna por el valor real de esos bienes.
La base MRO, que actualmente cuenta con 33 certificaciones internacionales y genera ingresos estimados en 15 millones de dólares anuales, fue excluida del concurso mercantil bajo el argumento de que era la única empresa rentable del grupo. Hoy, 16 años después, los exempleados siguen esperando que la venta de este activo -junto con otros inmuebles- pueda resarcir aunque sea una parte de la deuda histórica que supera los 500 millones de dólares.
El gobierno anterior, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó a un acuerdo con los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación para la compra de la marca y diversos activos de la compañía. La negociación, concretada en 2023, fijó un pago total de 815 millones de pesos (otras fuentes mencionan 816 u 817 millones) que serían distribuidos entre aproximadamente 6,500 a 7,000 exempleados y jubilados representados por sus sindicatos. Los bienes adquiridos incluían la emblemática marca Mexicana de Aviación y otras submarcas, el centro de adiestramiento, un simulador de vuelo, un edificio en Guadalajara y un inmueble en la calle de Balderas en la Ciudad de México.
El primer pago, correspondiente a la mitad del monto acordado (aproximadamente 407 millones de pesos), se realizó en agosto de 2023, lo que generó expectativas entre los trabajadores de que el segundo desembolso llegaría en los meses siguientes. Sin embargo, ese segundo pago se ha demorado por muchos meses y, a la fecha, continúa pendiente, sumiendo a los trabajadores en la incertidumbre y la indiferencia.
¿Qué ha detenido el pago?
El principal obstáculo ha sido una disputa legal promovida inicialmente por un grupo de exempleados de confianza (se mencionan 45, aunque las cifras varían ligeramente) que fueron excluidos en 2018 del pago por la venta de nueve aviones y 17 motores. Este grupo obtuvo una sentencia favorable que reconoce su derecho a recibir una parte de los recursos, lo que ha frenado la dispersión del segundo pago mientras se resuelve su situación. Aunque en 2023 un Tribunal Colegiado negó un amparo a un grupo de sobrecargos que exigían un monto mayor, despejando el camino para la compra, este nuevo litigio y los subsecuentes procesos burocráticos han mantenido el proceso estancado.
Con el cambio de administración federal y la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se sumó otro factor de demora: no fue posible ejercer el presupuesto destinado para esta compra correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Las autoridades han tenido que solicitar nuevamente la asignación de recursos a Hacienda para el año 2025, lo que ha prolongado aún más la espera de los trabajadores.
El contraste con la nueva aerolínea
Mientras los exempleados originales continúan esperando el pago de esta deuda histórica, el gobierno actual ha puesto en marcha una nueva aerolínea estatal utilizando precisamente el nombre de Mexicana de Aviación, la marca que compró pero que aún no termina de pagar. Para operar esta nueva empresa, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han invertido cuantiosos recursos públicos:
- Se estima que el costo total para los contribuyentes durante el primer año de operaciones de la nueva Mexicana de Aviación asciende a más de 35,000 millones de pesos (aproximadamente 1,800 millones de dólares).
- Esta cifra incluye la adquisición de la marca, los costos de inicio de operaciones y, de manera destacada, la compra de equipos de vuelo e infraestructura, así como la adquisición de aviones Embraer por un valor cercano a los 1,100 millones de dólares por parte de la Secretaría de la Defensa.
- Adicionalmente, la nueva aerolínea enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa SAT Aero Holdings, que reclama más de 838 millones de dólares por daños y perjuicios relacionados con el arrendamiento de aeronaves.
¿Hasta cuándo se seguirá postergando la justicia?
Al observar esta historia, es inevitable preguntarse: ¿qué país permitiría que sus trabajadores esperen 16 años para recibir lo que legal y moralmente les corresponde? Los exempleados de Mexicana de Aviación no están pidiendo un favor ni una dádiva del gobierno; están exigiendo el cumplimiento de un derecho laboral legítimo, reconocido incluso en acuerdos firmados y en sentencias judiciales.
Resulta profundamente injusto que, mientras el gobierno actual invierte miles de millones de pesos en una nueva aerolínea que lleva el nombre de Mexicana, los verdaderos dueños de ese legado —los trabajadores que construyeron esa empresa con su esfuerzo diario durante décadas— sigan esperando un pago que ya debió haberse liquidado. Es un contraste que duele: por un lado, millones para aviones nuevos e infraestructura; por el otro, el olvido y la indiferencia para quienes dieron su vida por la aviación mexicana.
Usted, como lector, tiene ahora la información. La pregunta que queda en el aire es: ¿le parece justo que los trabajadores sigan esperando mientras otros disfrutan de lo que algún día fue suyo? Porque más allá de los tecnicismos legales y las disputas burocráticas, existe una verdad simple e incómoda: 16 años de lucha merecen una respuesta, y esa respuesta no puede ser el silencio.
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