Brasil enfrenta uno de los escenarios de judicialización más altos del mundo en el transporte aéreo, situación que genera presión sobre la sostenibilidad económica de las aerolíneas, eleva costos y afecta la previsibilidad regulatoria del sector, de acuerdo con los análisis presentados durante el 4º Seminario de Derecho Aeronáutico realizado en Sao Paulo.
Durante el encuentro se expusieron cifras que muestran la magnitud del fenómeno. Representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señalaron que en Brasil existe, en promedio, una demanda judicial por cada 227 pasajeros transportados, mientras que en Estados Unidos la proporción es de una acción legal por cada 1.2 millones de pasajeros.
Los debates se centraron en cómo la litigación excesiva impacta directamente a la aviación civil, desde el aumento de costos operativos y tarifas aéreas hasta efectos sobre la conectividad y la estabilidad regulatoria.
En este contexto, especialistas y representantes del sector coincidieron en que el acceso a la justicia es un derecho legítimo, pero alertaron sobre prácticas consideradas abusivas o predatorias dentro de la llamada “litigación masiva”, impulsadas en algunos casos por plataformas digitales y modelos de captación automatizada de reclamaciones.
LATAM Airlines informó que enfrentó 120 mil procesos judiciales durante 2025 y proyecta alcanzar 150 mil casos en 2026. La aerolínea indicó que aproximadamente el 70% de los pasajeros demandantes no contactó previamente a la compañía antes de presentar acciones legales.
Durante las sesiones también se abordó el marco regulatorio internacional aplicable al transporte aéreo, incluyendo la evolución de los tratados internacionales desde el Convenio de Varsovia de 1929 hasta el Convenio de Montreal de 1999, enfocados en esquemas de compensación e indemnización sin carácter punitivo.
Otro de los temas relevantes fue la seguridad operacional y la necesidad de preservar el principio de precaución en situaciones como impactos de aves, presencia de drones o mantenimientos no programados. Los participantes señalaron que retrasos o cancelaciones motivados por razones de seguridad forman parte de las obligaciones operativas de las aerolíneas para proteger a pasajeros y tripulaciones.
Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo técnico entre autoridades, jueces, reguladores y la industria aérea para reducir distorsiones regulatorias, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un equilibrio entre la protección al consumidor y la sostenibilidad del transporte aéreo en Brasil.
