El Parlamento Europeo aprobó nuevas normas revisadas sobre los viajes combinados o paquetes turísticos, con el objetivo de reforzar la protección de los vacacionistas a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia y tras varias quiebras de alto perfil en el sector.
La directiva actualizada, ya acordada de manera provisional con los Estados miembros de la Unión Europea, aclara qué tipos de viajes y servicios pueden considerarse un paquete turístico, introduce reglas sobre el uso de vales (vouchers) y establece las condiciones bajo las cuales los clientes pueden cancelar sus planes de viaje sin costo.
Las nuevas normas deberían facilitar la identificación de qué combinaciones de servicios de viaje constituyen un paquete. Esto se determina principalmente por el momento y la forma en que se reserva la combinación de servicios.
Por ejemplo, en una compra en línea donde procesos de reserva vinculados permiten combinar servicios ofrecidos por distintos proveedores, se considerará un paquete si el primer proveedor transmite los datos personales del viajero a los demás proveedores y el contrato para todos los servicios se concluye dentro de un plazo de 24 horas.
Si el organizador del viaje invita al cliente a reservar servicios adicionales, deberá informarle si estos no formarán parte de un paquete junto con los servicios previamente reservados.
Respecto a los vales, la directiva actualizada introduce reglas sobre su uso, que fueron ampliamente utilizados durante la pandemia. Los consumidores tendrán el derecho de rechazar un voucher y solicitar en su lugar un reembolso dentro de un plazo de 14 días. Los vouchers podrán tener una validez máxima de 12 meses y los clientes deberán recibir el reembolso de cualquier vale que no haya sido utilizado total o parcialmente y que haya expirado. Las empresas no podrán limitar la elección de servicios de viaje para quienes utilicen los vales.
Cargos por cancelación de viajes: según las normas actuales, los clientes pueden cancelar sus planes de viaje sin cargos ni penalizaciones si surgen circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino del viaje.
Con la actualización, esta disposición también se aplicará a eventos inevitables y extraordinarios que ocurran en el punto de salida o que tengan el potencial de afectar significativamente el viaje.
La determinación de si las circunstancias son lo suficientemente graves como para justificar una cancelación gratuita se hará caso por caso. Las recomendaciones oficiales de viaje podrán servir como referencia para este propósito.
Cuando reciban una queja sobre un servicio, los organizadores del viaje deberán confirmar la recepción dentro de un plazo de siete días y ofrecer una respuesta fundamentada en un máximo de 60 días. Si el organizador del viaje se declara en quiebra, los clientes deberán recibir el reembolso de los servicios cancelados a partir de la garantía por insolvencia en un plazo de seis meses (nueve meses en casos de quiebras muy complejas). El plazo estándar de 14 días para reembolsos por cancelación de viajes permanecerá sin cambios.
El Parlamento aprobó la directiva con 537 votos a favor, 2 en contra y 24 abstenciones.
“Estas normas actualizadas protegerán a los consumidores cuando algo salga mal con su paquete vacacional. En caso de circunstancias extraordinarias que afecten cualquier parte de su viaje, los viajeros podrán cancelar y recibir un reembolso completo. Las empresas de viajes tendrán la obligación de responder a las quejas en un plazo de 60 días y una sólida protección frente a la insolvencia garantizará que, cuando ocurra una quiebra, la pérdida financiera no recaiga sobre las familias”, aseveró Alex Agius Saliba, diputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
El Consejo de la Unión Europea deberá ahora adoptar formalmente la legislación. Posteriormente, el texto se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor.
Los países de la UE dispondrán de 28 meses a partir de la entrada en vigor para incorporar las nuevas normas a su legislación nacional y de seis meses adicionales para comenzar a aplicar las nuevas disposiciones.
