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17/12/2018

Senadora pide 3 años de cárcel por robo de datos personales con drones

Redacción A21 / Lunes, 19 Noviembre 2018 - 13:00

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de ley con el fin de implementar penas que van de tres meses hasta tres años de cárcel a aquellos usuarios de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS en inglés, comúnmente conocidas como drones) que utilicen estos dispositivos con fines de apoderamiento ilícito de datos personales.

“El problema radica en establecer un marco regulatorio en el marco penal para estas conductas que hoy no están debidamente reglamentadas, incorporando el uso indebido de los RPAS como medios para la comisión de un delito”, reza el texto de la propuesta.

El texto de la iniciativa –presentado el pasado 25 de septiembre– busca adicionar los artículos 166 Ter y 166 Quáter al Código Penal Federal, y así establecer la apropiación indebida vía RPAS de Datos Personales y Datos Personales Sensibles de acuerdo con el artículo 3 fracciones V y VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

“Esta información puede ser utilizada para obtener información con el fin de llevar a cabo alguno de los delitos tipificados en la Ley, tales como: Robo, Secuestro, Trata de Personas y Homicidio”, argumentó.

Además de la pena de cárcel, la senadora priísta propuso decomisar el dron y sus accesorios utilizados para la captura de imágenes, grabaciones o audiovisuales sensibles de terceros, ya sean cámaras fotográficas, de video o micrófonos.

En síntesis, Anaya Mota propone que esta conducta sea considerada como una violación al Derecho a la Privacidad (Artículo 16 constitucional) así como “ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia”.

En cuanto a la utilización de drones como auxiliares en otros delitos –por ejemplo, tráfico de armas y drogas, o espionaje industrial–, propuso aumentar de tres meses a tres años adicionales de cárcel a la pena determinada por la instancia correspondiente.

La iniciativa ha sido turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, y al momento está pendiente de discusión.

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