El 4 de junio de 2026 se publicó el Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026-2030 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; hasta ahora este documento de 38 páginas representa el intento más firme del Estado mexicano por reclamar su rectoría en el espacio ultraterrestre; un sector estratégico y transversal. Sin embargo, la brecha entre las ambiciones de soberanía estratégica, digital y las realidades presupuestales e industriales del país exigen una mirada analítica exhaustiva, desprovista de triunfalismos políticos.
El giro estratégico del espacio en México
El espacio exterior -lo he reiterado en esta columna en incontables ocasiones- ha dejado de ser un terreno de exclusividad geopolítica para convertirse en una de las plataformas económicas e infraestructurales más dinámicas del planeta. Con una economía espacial global estimada en 400 mil millones de dólares en 2024 y proyecciones vertiginosas que alcanzan los 2.3 billones de dólares para 2045, México -también lo he subrayado infinidad de veces- no puede seguir manteniéndose únicamente como un consumidor pasivo de tecnología extranjera.
La publicación del Programa Espacial Mexicano (PEM) 2026-2030 bajo la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión normativo y operativo. Impulsado directamente por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y con el soporte técnico de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), el programa busca desmarcarse de las intenciones abstractas del pasado para anclarse en dos proyectos tangibles e inmediatos: el desarrollo de un nuevo satélite nacional de telecomunicaciones de banda ancha y el despliegue de una constelación de satélites pequeños para la observación de la Tierra.
A nivel conceptual, el PEM es un documento acertado correcto que articula una visión -en la que también he insistido- donde la tecnología espacial no es un lujo suntuario, sino un habilitador de soluciones a los grandes retos nacionales y como recientemente lo subraye en particular para los derechos sociales y humanos (Ver Satélites EO, tecnología espacial que debe utilizarse con propósito humanitario, sobre las madres buscadoras) , diseñado expresamente para mitigar la marginación en comunidades remotas y robustecer la seguridad nacional ante desastres climáticos, entre otros desafíos que ya he abordado con anterioridad (migración, crimen organizado, etc.). No obstante, el análisis de sus líneas de acción revela tensiones profundas entre la rectoría estatal propuesta y la indispensable dependencia del capital privado y la cooperación internacional.
Alineación institucional, la superpoderosa ATDT
Uno de los aciertos más notables del PEM es su diseño estructural y su alineación con los objetivos nacionales. Históricamente, las iniciativas espaciales en México adolecían de una fragmentación crónica; la AEM operaba con márgenes de maniobra limitados y presupuestos raquíticos, supeditada a secretarías con otras prioridades políticas y técnicas.
La reforma del 28 de noviembre de 2024, que creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como dependencia centralizada de la Administración Pública Federal, reconfiguró el tablero. Al sectorizar a la AEM bajo la tutela de la ATDT, el sector espacial adquiere un peso político inédito. El PEM no se presenta como un esfuerzo aislado, sino como una pieza del rompecabezas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, respondiendo directamente al Compromiso #33 (“México será potencia tecnológica y de innovación”) – aunque se requiere un Sistema Nacional de Innovación Espacial- y al Compromiso #88 (“Garantizaremos el acceso a internet”).
Esta lamentable subordinación de la agenda espacial nacional a la ATDT redirige las prioridades espaciales hacia el pragmatismo civil; la infraestructura pública digital. El éxito del PEM se medirá entonces mediante dos variables concretas: la Población con Acceso a Internet (PAI) y el Número de Satélites (NS) propios en órbita. Al amarrar el programa espacial a la conectividad rural y a la soberanía de datos, el gobierno blinda políticamente la inversión en el espacio, justificándola no como un gasto científico abstracto, sino como una herramienta de justicia social para los sectores más vulnerables de la población.
El ecosistema NewSpace y la paradoja de la comercialización
El diagnóstico que ofrece el PEM sobre la situación actual denota una comprensión profunda del fenómeno contemporáneo conocido como NewSpace. El sector ya no está regido exclusivamente por presupuestos gubernamentales mastodónticos; la miniaturización de componentes, la reducción de costos de lanzamiento y la proliferación de nanosatélites en la órbita baja terrestre (LEO) han democratizado el acceso al espacio desde poco más de tres lustros.
El PEM publicado reconoce que la participación histórica del capital privado en México ha sido sumamente limitada; lo he reiterado, para impulsar la inversión privada se requiere de una Ley Nacional de Desarrollo Espacial que de certeza jurídica a los inversores. Para contrarrestar esto, el PEM propone transitar hacia un “modelo industrial autosostenible” mediante la integración activa de la academia (LINX ICN UNAM, EMIDSS, etc.), incubadoras de startups y fondos de capital de riesgo. El programa articula ciencia, industria y defensa (lo cual celebro de sobremanera ya que la defensa estratégica y la conciencia situacional espacial -SSA- son dos cosas que no deben faltan en ningún programa espacial), alineando a México con tendencias globales. La meta última es convertir al país en un centro de manufactura aeroespacial de alto valor agregado, aprovechando la sólida infraestructura manufacturera ya instalada en clústeres clave como Querétaro, Chihuahua, Sonora y Baja California. Esta base industrial aeroespacial, valuada en 11,200 millones de dólares en 2025 y con proyecciones de superar los 22,000 millones para 2029, representa el músculo técnico sobre el cual pretende erigirse el PEM.
Sin embargo, aquí yace una paradoja central en la narrativa gubernamental: mientras que los fundamentos normativos del texto enfatizan rigurosamente la “rectoría del Estado” y la “soberanía tecnológica” (con base en los artículos 26 y 28 constitucionales; la Reforma constitucional en materia espacial está congelada en el Senado), el éxito operativo del programa depende críticamente del dinamismo del sector privado. Atraer capital de riesgo e inversiones para investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) requiere certidumbre jurídica, incentivos fiscales claros y un mercado abierto. Si el Estado mexicano asume una postura excesivamente controladora o burocrática sobre el uso del espectro y las redes satelitales, podría ahuyentar las inversiones que el propio programa reconoce como “cruciales” para su viabilidad financiera a largo plazo.
Los pilares del PEM: Telecomunicaciones y Observación de la Tierra
El PEM se articula formalmente en cuatro objetivos estratégicos, enfocados primordialmente en dos vertientes tecnológicas:
Inclusión digital y reducción de la brecha (Objetivo 1 y 4). A través del diseño y puesta en órbita de un satélite de telecomunicaciones propio. Los satélites son la única alternativa financieramente viable para proveer conectividad y banda ancha (la política espacial, satelital, donde la política de telecomunicaciones fracasó; lo señalé en diversas ocasiones) en regiones orográficamente complejas donde desplegar fibra óptica resulta prohibitivo. Esta vertiente impactará no solo el acceso general a la red, sino la telemedicina y la educación rural.
Soberanía Geoespacial (Objetivo 4): Centralización de los servicios de observación de la Tierra (EO) mediante una constelación nacional de satélites pequeños y el establecimiento de un Centro Nacional de explotación de imágenes. Actualmente, México gasta millones de dólares anuales en la compra de imágenes satelitales extranjeras para tareas de planeación urbana, seguridad, agricultura de precisión y monitoreo ambiental (En su momento participé -como presidente de la FAU- con la AEM en la búsqueda de soluciones a través de una APP con ese propósito. Contar con una constelación propia dotará al Estado de autonomía en la toma de decisiones críticas.
El talón de Aquiles de esta ambiciosa -pero necesaria- estrategia radica en los plazos y el financiamiento, en el cual he enfatizado la necesidad de que se dote de al menos 1l 1% del PIB a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Desarrollar, integrar, probar y lanzar un satélite de telecomunicaciones requiere tradicionalmente entre tres y cinco años en condiciones financieras óptimas. El PEM abarca el periodo 2026-2030. Consecuentemente, el margen de error técnico e institucional es inexistente. Si los recursos presupuestales no se asignan de manera multianual y protegida contra los vaivenes políticos, los proyectos insignia corren el riesgo de convertirse en promesas inconclusas al término del sexenio. Aun así el sector espacial nacional organizado (academia y sociedad civil), puede cerrar filas con el gobierno e invitar al sector privado a sumarse a esta loable política de Estado.
Diplomacia espacial, el realismo de la cooperación internacional
Uno de los aspectos más pragmáticos y mejor fundamentados del PEM es su reconocimiento de que México no puede -ni debe- emprender su carrera espacial de manera aislada. El pilar de vinculación internacional (Objetivo 2) se aleja de la retórica chauvinista y abraza una diplomacia científica madura. La AEM (ATDT) debe sumar a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), liderada por México, al Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe (CRECTEALC) Campus México, afiliado a las Naciones Unidas, a las principales universidades con carreras relacionadas con el espacio y a la Fundación Acercándote al Universo (FAU). Así como mantener una presencia activa y colaborativa en los foros multilaterales: Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos de espacio Ultraterrestre (UN OOSA), que es el secretariado de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COOPUOS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En temas de sostenibilidad la mención a la Agenda 2030 (ODS) de las Naciones Unidas carece de mención al documento focalizado: La Agenda Espacio20230.
El programa delinea alianzas estratégicas sumamente puntuales con las agencias espaciales más avanzadas del mundo:
Agencia Espacial Europea (ESA): Colaboración estrecha con el programa Copernicus para la recepción y procesamiento de datos ambientales y de protección civil.
Organización India de Investigación Espacial (ISRO): Participación en la Misión Satelital del G20 para la Observación del Medio Ambiente y el Clima.
NASA: Continuidad en la formación de capital humano mexicano mediante estancias de investigación y proyectos conjuntos basados en satélites pequeños.
Corea del Sur (KARI): Cooperación estratégica para la elaboración de un estudio de factibilidad técnica y financiera enfocado en el eventual desarrollo de plataformas de lanzamiento en territorio nacional.
Esta estrategia de cooperación internacional requiere añadir a la ALCE, CRECTEALC, Universidades, FAU, UNOOSA, COPUOS, UIT, y agencias espaciales de la región como AEB y CONAE, donde México puede ejercer liderazgo a través de la ALCE. A pesar de ello, permite a la AEM y a la ATDT absorber transferencia de conocimientos y adoptar buenas prácticas globales sin necesidad de reinventar la rueda. Asimismo, proyectos como la validación de un módulo de computadora mexicano a bordo del satélite paraguayo GuaraniSat-2 demuestran que México también busca posicionarse como un colíder y proveedor tecnológico en el ámbito latinoamericano, y no solo como un receptor de asistencia técnica.
Desafío de ejecución, no de planeación
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 es un documento sectorial importante -aunque a destiempo- bien estructurado, que al menos pretende entender las dinámicas de la economía espacial del siglo XXI (la nueva carrera espacial y el NewSpace) y las necesidades más apremiantes de la sociedad mexicana. Al vincular de forma explícita los satélites con el bienestar social, la inclusión digital y la soberanía tecnológica, el gobierno federal dota al sector de una relevancia política que nunca antes había tenido. Solo queda esperar que verdaderamente se lleve a la práctica y no quede en letra muerta.
El verdadero juicio crítico sobre este programa no recaerá sobre su conceptualización, sino sobre su ejecución. Los desafíos son monumentales son consolidar la autoridad de la naciente ATDT, garantizar un presupuesto multianual blindado, articular un marco regulatorio amigable que incentive de verdad la coinversión privada y coordinar a los clústeres industriales nacionales para cumplir con los estándares de la manufactura orbital.
México ha publicado en el DOF las reglas del juego para reclamar su soberanía estratégica en el espacio exterior. El documento traza una ruta clara hacia las estrellas; ahora corresponde a las instituciones del Estado demostrar que tienen la capacidad de despegar del papel y ejecutar con precisión quirúrgica el destino espacial del país.
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