Y sigue el Ejecutivo con la idea de invertir en una aerolínea aérea comercial, manejada por el Ejército y subsidiada en su totalidad por el gobierno. En su afán de poder controlar el mercado aéreo nacional, se ha empeñado en crear otro elefante blanco, que nos costará a todos tanto o más que el mantenimiento que se le ha dado mes con mes al aeropuerto Felipe Ángeles y que es, ya contando sus ingresos, de 23.6 millones de pesos mensuales y sin tener absolutamente algún beneficio.
La situación financiera del país se deteriora por minuto, mientras los programas sociales, médicos, tecnológicos, científicos y de desarrollo, quedan relegados para dar paso a los caprichos del presidente.
El regreso a la categoría 1, prioridad del país para el desarrollo aéreo mexicano, se encuentra estancado por falta de fondos para cubrir las graves deficiencias encontradas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y que, a la fecha, ya suman 48 hallazgos, mientras tanto, las aerolíneas extranjeras festejan su posicionamiento en el mercado, ante las mexicanas relegadas a poder abrir y expander su mercado aéreo al país vecino.
El fantasma de la amenaza del inquilino de palacio, de abrir el espacio aéreo nacional a los extranjeros a través de quitar la prohibición del cabotaje, ha levantado el puño de todas las instituciones y sindicatos del país, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), ya hizo presencia en la Cámara de Diputados para protestar y abrir conciencia de la intensidad del desastre que significaría a la industria aérea por la pérdida de empleos que se generarían si esta propuesta progresara, incluyendo el futuro de las nuevas generaciones de pilotos, sobrecargos, mecánicos, personal de tierra, entre otros.
La falta de asesoramiento profesional se ha hecho presente permitiendo, incluso, que empresas como Navblue se hayan aprovechado para cobrar millonarias comisiones por concepto del rediseño aéreo, que no sólo ha creado caos por la generación de ruido a la población y que, inútilmente a través de grupos como “Más seguridad menos ruido”, que representan a 150 colonias y que han protestado y amparado ante la ley sin éxito, gritan por justicia.
A un año siete meses de que termine este sexenio, esperamos que la razón prevalezca y que rectifiquen muy pronto todas estas decisiones que ponen en riesgo la soberanía y estabilidad aérea del país.
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