Aena, operadora aeroportuaria española, lanzó una severa advertencia sobre los riesgos de inseguridad regulatoria y jurídica que podría generar una enmienda incluida en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, promovida por el Grupo Parlamentario Popular y recientemente aprobada en el Senado español.
La compañía presentó su postura a través de un aviso oficial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde expresó profundas preocupaciones sobre el alcance, la técnica legislativa y las consecuencias de la propuesta legal.
A grandes rasgos, la enmienda propone la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible (SNMS), la elaboración del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) y la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM); sin embargo también propone congelar las tarifas aeroportuarias durante un periodo determinado, entre los años 2027 y 2031.
Para Aena, la redacción ambigua y el léxico impreciso del texto propuesto generan confusión y plantean dudas sobre su compatibilidad con el marco legal vigente, particularmente en dos aspectos clave: la coherencia con el sistema de recuperación de costos que regula las inversiones aeroportuarias, y la indefinición jurídica que podría derivarse de su aplicación.
“El buen funcionamiento de los aeropuertos españoles ha sido un factor esencial en el crecimiento económico de la última década”, subraya la empresa, que recordó que el modelo actual, instaurado con la Ley 18/2014 y consolidado con su salida a bolsa en 2015, ha sido un caso de éxito atribuido precisamente al Partido Popular.
En ese sentido, Aena calificó de incongruente que este mismo grupo parlamentario promueva una modificación que, a su juicio, desfigura la estructura económico-financiera del sistema vigente.
La compañía también desmintió una supuesta relación directa entre el alza de precios de los boletos de avión y las tarifas aeroportuarias, señalando que entre 2022 y 2025 las tarifas aumentaron apenas un 4.6%, frente a incrementos de los boletos de 28% en vuelos nacionales y del 9% en internacionales.
“Las tarifas representan una fracción menor del costo total del billete (boleto), por lo que su impacto sobre la demanda es mínimo”, explicó.
Aena aseguró que nuevas inversiones en capacidad, seguridad física y ciberseguridad serán esenciales para afrontar la creciente demanda aérea, por lo que congelar las tarifas de forma arbitraria comprometería el futuro del sistema aeroportuario.
Si la enmienda prospera, la empresa se vería obligada a revisar sus planes de inversión, lo cual podría repercutir negativamente en múltiples territorios de España.
“Modificar de forma abrupta y sin justificación económica un marco regulador que ha sido estable, predecible y exitoso, introduce un riesgo grave que podría tener efectos tóxicos no sólo sobre Aena, sino sobre la percepción internacional de la economía española”, concluyó la empresa, llamando a una reflexión profunda desde la perspectiva del interés general.
