El Gobierno de España informó que 95 aviones se encuentran parados en diversos aeropuertos de la red de Aena; es decir, que se encuentran en estado de abandono ya que acumulan una deuda con el operador público de casi siete millones de euros (mde) en concepto de tarifas aeroportuarias.
El Ejecutivo central lo reconoció en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el senador por La Gomera Fabián Chinea, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.
Chinea se interesaba en particular por una aeronave de la quebrada aerolínea de carga española Saicus Air, almacenada en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y que el Gobierno ha reconocido que lleva abandonada desde 2010.
El aparato en cuestión, modelo McDonnell Douglas MD-87 (Boeing), fue reclamado por su actual propietario, Promerca Cargo Internacional, tras el concurso de acreedores de Saicus por lo que, al contar con propietario, no puede ser vendido ni cedido, encontrándose en este momento embargado, de acuerdo con información de Tourinews.
“A fecha actual, se está preparando la subasta de la aeronave por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y saldrá del aeropuerto una vez finalizado el proceso”, explica el Ejecutivo central en su respuesta.
En algunos casos, como el anteriormente mencionado, los aviones llevan más de una década sin moverse, deteriorándose y ocupando un espacio público sin remedio ya que, al ser de propiedad privada, no pueden siquiera ser cedidos a una fundación, escuela o museo aeronáuticos.
Exceptuando los casos en los que una aeronave esté inmersa en algún procedimiento de carácter legal (embargo, concurso de acreedores o proceso judicial, entre otros), el Gobierno informa de que, en primer lugar, siempre trata de localizar al propietario para que la retire.
En el caso de que estas gestiones resulten infructuosas, el operador aeroportuario inicia los trámites para promover la declaración legal de abandono.
A estos efectos, se publican tres edictos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en tres fechas distintas durante meses consecutivos; transcurrido un año desde el inicio de este expediente sin que concurra reclamación del propietario, el Estado estima la presunción de abandono e inicia los trámites para su venta en subasta pública.
