De resultar ganador en la elección presidencial del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, exigirá al actual presidente Enrique Peña Nieto suspender inmediatamente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para realizar una serie de auditorías sobre la viabilidad de la obra.
“Haríamos auditorías técnicas, de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto social en relación a las zonas conurbadas. Lo haremos abiertamente, de cara al pueblo y consultando a todas las partes (involucradas)”, afirmó Javier Jiménez Espriú, propuesto para encabezar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si Obrador resultara electo.
En participación improvisada tras el foro “Un Nuevo Aeropuerto Internacional sobre el ex Lago de Texcoco, ¿Para quién?”, organizado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Jiménez aseguró a los presentes que el hipotético gobierno de López Obrador tendría “cero tolerancia a la corrupción e impunidad”.
Asimismo, a los señalamientos sobre la ambivalencia del político tabasqueño respecto a la megaobra, quien fuera subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1982 a 1988 señaló que se realizarán las consultas que se requiera, “siempre en respeto a la ley”.
Oposición razonada
En las varias presentaciones del foro, representantes de comunidades del área de Texcoco y expertos enfatizaron que el proyecto es ambientalmente inviable y destructor del tejido social.
Por ejemplo, se expuso el caso de Chalco, población al oriente de la Ciudad de México que, pese a estar lejana al sitio del NAICM, ha sufrido graves afectaciones debido a las actividades de una cantera de la que se extrae piedra para la megaobra.
Desde el punto de vista histórico, se lamentó que no se pueda seguir estudiando el lecho del antiguo lago, que guarda secretos no solo de los texcocanos, sino de varias otras civilizaciones prehispánicas que allí se establecieron.
“Estamos hablando de algo más profundo, mucho más arraigado y qué es lo que quieren enterrar: la identidad, la historia y el modo de vida de los pueblos, y su existencia en el futuro”, apuntó el antropólogo Itzam Pineda.
En temas de transparencia, Julieta Lamberti, coordinadora de investigación de la organización no gubernamental PODER, denunció los conflictos de interés y la asignación discrecional de hasta un 90% de los contratos de obra (vía adjudicación o invitación).
Así, los presentes exigieron que las auditorías no solo contemplen el otorgamiento de contratos por corrupción, sino que consideren también aspectos como la consulta a los pueblos originarios, así como los impactos sociales y ambientales del proyecto.
Finalmente, América e Ignacio del Valle, integrantes del FPTD, entregaron la siguiente carta abierta a López Obrador para que defina su postura respecto al proyecto insignia de la administración Peña.
