La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) manifestaron su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea de extender el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, EU ETS, a determinados vuelos internacionales a partir de 2029.
Marie Owens Thomsen, vicepresidenta senior de Sostenibilidad y economista en jefe de la IATA, aseguró que la propuesta es un “deja vu” de la iniciativa que impulsó el mismo bloque en 2008.
Expresó que hace 18 años, una directiva de la Unión Europea buscó extender el ETS a la aviación internacional más allá del espacio aéreo europeo, lo que provocó una fuerte oposición de gobiernos de todo el mundo y por lo mismo en 2012 se tuvo que dar marcha atrás.
Ahora, el mismo organismo propone que el ETS cubra todos los vuelos hacia destinos ubicados dentro de un radio de 5 mil kilómetros del centro geográfico de Europa.
“Independientemente de la distancia propuesta, esto representa una extralimitación extraterritorial, contradice el acuerdo CORSIA que los propios europeos ayudaron a crear y resulta tan inaceptable hoy como lo fue en 2012”, expresó Owens Thomsen.
Para la vocera de IATA, es el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) la gran apuesta sustentable a la que se deben enfocar los actores de la aviación.
“Fue un hecho histórico: el primer mecanismo mundial de mercado para todo un sector destinado a abordar las emisiones de carbono. Europa puede atribuirse parte del mérito por el papel que desempeñó para que eso sucediera”, comentó.Owens Thomsen agregó que la fragmentación, la duplicación de medidas y el cambio constante de las “reglas del juego” no permitirán alcanzar el objetivo primordial que es reducir las emisiones de CO2.
Pide ALTA reinvertir los recursos del EU ETS en descarbonizar la aviación
Por su parte, ALTA precisó que la iniciativa plantea aplicar costos de carbono a los vuelos que despeguen de Europa y aterricen en destinos situados a una distancia máxima de 5,000 kilómetros. La medida ampliaría el alcance del esquema después de que la Unión Europea eliminara los derechos gratuitos de emisión para las aerolíneas, que desde 2026 deben pagar por el 100% de sus emisiones en vuelos dentro del bloque.
De esta manera, se sumó a las posiciones expresadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la IATA, Airlines for America (A4A), Airlines for Europe (A4E) y la Organización Árabe de Transportistas Aéreos (AACO), que han advertido sobre las implicaciones regulatorias y operativas de ampliar el sistema europeo.
Uno de los principales cuestionamientos de la asociación es el posible carácter extraterritorial de la propuesta, debido a que el esquema podría aplicarse a emisiones generadas en el espacio aéreo de terceros Estados soberanos y fuera de la jurisdicción de la Unión Europea.
ALTA también señaló el riesgo de superposición con el programa CORSIA, establecido por los Estados miembros de la OACI como el marco global para atender las emisiones de los vuelos internacionales.
La asociación sostuvo que esta duplicación obligaría a los transportistas a monitorear, reportar y verificar sus emisiones bajo sistemas diferentes, lo que elevaría los costos administrativos, operativos y de cumplimiento sin garantizar una reducción adicional de dióxido de carbono.
Otro de los riesgos identificados es la fragmentación de la regulación ambiental internacional. ALTA advirtió que, si la propuesta europea avanza, otras jurisdicciones podrían establecer mecanismos similares, creando un mosaico de obligaciones y costos para las aerolíneas.
La organización cuestionó además la falta de garantías sobre el destino de los recursos recaudados. Según su posicionamiento, no existe certeza de que los ingresos derivados del EU ETS sean reinvertidos directamente en la descarbonización de la aviación, el desarrollo de combustibles sostenibles o la modernización tecnológica del sector.
Para América Latina y el Caribe, el impacto podría concentrarse en las conexiones realizadas a través de aeropuertos europeos. Aunque la mayoría de las rutas directas entre la región y Europa quedarían fuera del esquema por superar el límite de 5,000 kilómetros, los tramos de conexión operados desde centros de distribución europeos sí podrían quedar sujetos al cobro.
“Estamos comprometidos con las metas globales de reducción de emisiones y el camino hacia el net zero, pero fortaleciendo el marco que ya existe, no duplicándolo”, afirmó la asociación.
