La Comisión Europea comenzó un proceso de infracción contra España debido a las multas de 207 millones de dólares (mdd) que su Gobierno hizo el año pasado a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar tarifas adicionales por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Desde Bruselas consideraron que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios y ha otorgado a las autoridades un plazo de dos meses para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
Pablo Bustinduy, ministro de Consumo de España, calificó de lamentable que la Comisión Europea “decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos, a quienes ni siquiera ha escuchado”, difundió Europa Press.
El expediente instó al Gobierno español a armonizar plenamente su legislación nacional con la europea en materia de servicios aéreos, la cual establece la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios.
Si no se resuelve, la Comisión puede pasar a la segunda fase, que implica el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de proceder a la tercera y última etapa del proceso, que consistiría en llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El caso de las multas data de enero del año pasado, cuando la Comisión estableció un diálogo “informal” en el marco del mecanismo EU Pilot, lo que marcó el inicio de una investigación preliminar tras una denuncia presentada ante Bruselas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E).
