Pablo Chávez Meza
El próximo 24 de diciembre se cumplen cuatro años del trágico accidente aéreo donde perdieron la vida la recién llegada gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, así como los pilotos Marco Antonio Tavera Romero, Roberto Javier Coppe Obregón y Héctor Baltazar Mendoza. Sin embargo no hay ninguna persona sentenciada por este percance, pero sí tres detenidos, aun sin sentencia.
Este es el caso de María Magdalena N, quien en esa misma fecha, cumplirá dos años de estar recluida en el penal de Huejotzingo, Puebla, sin sentencia alguna pero con graves afectaciones a su salud.
La abogada defensora de la joven pasante de ingeniería, Elidet Pérez Hernández, explicó que hasta la fecha no se les ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, la cual había sido programada para el 25 de mayo pasado.
Explicó que después se reprogramó para el 7 de septiembre de este año, sin que tampoco se llevara a cabo, por lo que no se cumple con los términos señalados en el Código de Procedimientos Penales.
Los delitos por los que se decidió detener a María Magdalena N., fueron por “homicidio a título de culpa” en agravio de las cinco personas que fallecieron en el helicóptero, el 24 de diciembre de 2018; “daño a la propiedad ajena a título de culpa” y “falsedad de declaraciones dadas a una autoridad”, en agravio de la correcta procuración de justicia.
De acuerdo con su abogada, los hechos que se le imputan a su cliente ocurrieron el 24 de diciembre de 2018, con la caída del helicóptero, marca Agusta, matrícula XA-BON, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano S.A., de C.V., con el desplome de la aeronave en el predio San José Lindero, municipio de Santa María Coronango, Puebla.
Según el dictamen, las causas (probables) del desplome del helicóptero son fallas de dos actuadores lineales de roll alabeo SAS1 y SAS2. La empresa que prestaba sus servicios en materia de aeronáutica, era Rotor Flight Services de R.L., de C.V., donde laborada la acusada, quien era pasante de Ingeniería en Aeronáutica al momento del accidente.
La abogada dejó en claro que su clienta “no era responsable ni encargada ni supervisora del taller, la encargada era otra persona, una mujer que a la fecha está dada a la fuga”, puntualizó.
En las investigaciones, la autoridad determinó que Magdalena omitió revisar los detalles de los trabajos que requería la aeronave, cuando estas funciones no se encontraban dentro de sus tareas, ya que ella sólo capturaba las discrepancias que le proporcionaba el técnico.
Por esto, dijo, se le acusó de falsedad de declaraciones, porque “supuestamente ocultaron información”. La abogada, reiteró que su clienta siempre compareció, nunca se ocultó a pesar de ser citada a la Fiscalía de Puebla, cuando ella tiene su domicilio en la Ciudad de México.
Un caso politizado
La abogada refirió que hasta el momento no les han dado fecha ni hora para una nueva celebración de audiencia intermedia para Magdalena.
La litigante explicó que a la fecha se han presentado diversos escritos para la solicitud de Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, sin que se tenga un acuerdo de conformidad, dado que la autoridad sólo refiere “que no han variado las condiciones por las que se impuso, a pesar de que la solicitud se hace en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
La abogada Pérez Hernández denunció que su cliente ya muestra problemas de salud, debido al confinamiento al que se ha sido objeto por casi ya dos años.
“Al día de hoy, en el caso de María Magdalena N., no se le ha dado un pronta y expedita Justicia en relación a su procedimiento, lo que se tiene de su asunto es que no se ha podido llevar, en los términos que establece la ley, prácticamente todo su proceso. No se ha llevado su audiencia intermedia a pesar de que el próximo mes cumple ya dos años interna en el penal de Huejotzingo, Puebla.
“No nos han fijado fecha de audiencia, y por otro lado nos enfrentamos a una situación sobre la solicitud de una audiencia para una revisión de medidas cautelares y ha habido negativa por parte del juzgado para poder señalar esa audiencia y poder cambiar la medida cautelar”, aseveró.
La abogada afirmó que su clienta muestra ya problemas de salud, debido a que le donó un riñón a su mamá, quien es su dependienta económica, y está teniendo mermas en su persona.
El tiempo pasa, los términos no se cumplen y esto va en detrimento de su salud; por lo que la abogada consideró que el tema se ha politizado, pese a que ya hay un dictamen que dice que fue un accidente por fallas.
