Luego de varias semanas de expectativa y discusiones acaloradas, finalmente se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley para deslindar el control de tráfico aéreo (CTA) de la Administración Federal de Aviación (FAA), de modo que este servicio, vital para la industria aérea, pasaría a manos de una corporación privada y sin fines de lucro.
Bill Shuster, presidente del comité de Transporte en la cámara de representantes estadounidense, fue el encargado de presentar la iniciativa, misma que, dijo, permitirá una modernización más rápida y eficiente de los sistemas de navegación aérea, que dejarán de depender de radares terrestres para transitar al uso de sistemas de geolocalización satélital (GPS en inglés).
De aprobarse la enmienda, el nuevo organismo sería regido por una junta de gobierno compuesta por un director general y otros 12 miembros designados como sigue: dos por el Departamento de Transporte; uno por las aerolíneas; uno por las empresas de carga aérea; uno por las compañías regionales; un representante de la aviación general; uno de la aviación de negocios; uno de los controladores; uno de los aeropuertos; uno por los pilotos comerciales, y los dos últimos por el resto de la junta.
“Durante muchos años hemos financiado a la FAA para desarrollar nuevas tecnologías y hemos recibido muy poco. En realidad, es un desperdicio del dinero de los contribuyentes: miles de millones de dólares”, increpó el congresista republicano a sus pares, ante lo que calificó como “situación inaceptable”.
De acuerdo con medios locales, la propuesta se votaría el próximo 27 de junio, y sus impulsores esperan que entre dentro del paquete de reformas a la FAA que debe aprobarse antes de 30 de septiembre.
A favor y en contra
La propuesta –que tiene como antecedente una iniciativa similar presentada por el propio Shuster, el año pasado– cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, así como del grueso de las aerolíneas comerciales de ese país.
Asimismo, la iniciativa original de modificó para hacer concesiones a la aviación general –como exenciones de cargos por uso del espacio aéreo y un asiento en la junta directiva del nuevo organismo–, lo que le ganó el apoyo de Sam Graves, congresista con intereses en este sector.
Pese a ello, organizaciones como la Asociación de Pilotos Propietarios de Aeronaves, la Asociación de Fabricantes de la Aviación General, la Asociación Nacional de Transporte Aéreo y la Asociación Nacional de Aviación de Negocios emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su rechazo al proyecto de ley.
Estos grupos de presión temen que una corporación privada favorezca a las aerolíneas en aeropuertos saturados y cobren tarifas más altas que el gobierno.
