En múltiples ocasiones en esta columna he expuesto los múltiples beneficios sociales que ofrece la ciencia y tecnología espacial para la población. En esta ocasión analizaremos como la tecnología satelital puede institucionalizarse en México -si hay voluntad gubernamental- como política pública de derechos humanos, en apoyo humanitario a los colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas.
En este contexto, la tecnología satelital de observación de la Tierra (EO), equipada con sensores ópticos, infrarrojos y de radar, puede ser una herramienta clave para apoyar a los colectivos de madres buscadoras en México, ya que mediante el reconocimiento satelital permite identificar posibles fosas clandestinas, rastrear patrones geográficos de desapariciones y acceder a zonas de difícil acceso con mayor precisión; además, su uso, combinado con drones, sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección, permite que la ciencia y tecnología espacial se convierta en un recurso estratégico, que fortalece las labores humanitarias, forenses y capacidades de búsqueda, ofreciendo evidencia objetiva y herramientas de precisión que trascienden la narrativa oficial.
El uso de la tecnología por parte de los colectivos representa un soporte adicional esencial que impacta directamente en los resultados. Como antecedente, la revista SciELO (junio, 2019) documenta que el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte (Sinaloa) utilizan prácticas comunicacionales y tecno políticas -mediante redes sociales-, que constituyen “tecnologías de esperanza”, para visibilizar fosas clandestinas.
Aplicaciones de la tecnología satelital en la búsqueda
La utilización de aplicaciones satelitales tiene una Incidencia benéfica directa de la tecnología espacial en la búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado.
-Las imágenes satelitales (monitoreo geoespacial), de alta resolución y sensores químicos permiten detectar alteraciones en el terreno (excavaciones recientes, alteraciones en vegetación, movimientos de tierra) que pueden indicar con precisión la existencia de fosas clandestinas; con la ventaja de una cobertura amplia y monitoreo constante.
-Constelaciones satelitales privadas. Empresas como Planet Labs o Maxar ofrecen imágenes de alta resolución que pueden ser usadas por ONGs y universidades para documentar hallazgos y presionar a las autoridades.
-Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), integran datos geoespaciales para mapear patrones de desaparición, ubicar sitios de interés y cruzar información, superponer capas de datos, con testimonios, denuncias y hallazgos previos. Asimismo, los hallazgos permiten construir mapas de riesgo y zonas críticas (sobre los miles de centros de adiestramiento, reclutamiento forzado y ejecución existentes en el territorio nacional, como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG), visibilizando la magnitud del problema.
-La teledetección, utiliza sensores remotos para identificar anomalías en suelos y cuerpos de agua, apoyando la arqueología forense y reduciendo la exposición directa de las buscadoras. Los sensores químicos cuentan con la ventaja de una alta sensibilidad a los cambios biológicos (descomposición).
-Los drones, con cámaras térmicas complementan la visión satelital, inspeccionando con precisión aéreas específicas cercanas en zonas inaccesibles, como barrancos o pozos, a un bajo costo relativo.
Retos y consideraciones estructurales
-Acceso desigual a tecnología avanzada. Los colectivos de madres buscadoras dependen del apoyo estatal o académico en alianzas con universidades y ONGs para acceder a imágenes satelitales recientes y de alta resolución.
-Capacitación técnica. Se requiere formación en SIG, teledetección, manejo de drones y análisis de imágenes para que las madres buscadoras y/o sus equipos de apoyo logístico puedan usar estas herramientas tecnológicas de manera autónoma.
-Seguridad en campo. La presencia del crimen organizado -con capacidades y tecnología de punta- implica riesgos; la tecnología ayuda a reducir la exposición directa de las madres buscadoras, pero lamentablemente no elimina el peligro; más de 22 han sido asesinadas en 15 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes realizan estas labores. Por ello, es necesario el uso de satélites y drones (utilizados en Jalisco -según El País, enero 29, 2024- con apoyo de la Universidad de Oxford), para evitar la confrontación directa.
-Resistencia institucional. La opacidad y negación oficial de la dimensión real del problema dificultan la incorporación de evidencia satelital en procesos judiciales.
-Seguridad digital. El manejo de datos sensibles debe protegerse contra espionaje y represalias del crimen organizado.
-Transparencia. Es necesaria y urgente la publicación de mapas de riesgo y hallazgos de las autoridades en plataformas digitales abiertas.
-Uso humanitario. La narrativa de la utilización de esta tecnología con fines de búsqueda debe centrarse en el apoyo social y científico, evitando confrontación política.
-Cooperación institucional e internacional. Es fundamental que universidades, ONGs y agencias gubernamentales colaboren para democratizar el acceso a estas tecnologías. Vincular a agencias espaciales y ONGs permitirá la realización de proyectos conjuntos con la ESA, NASA, CSA, entre otras agencias y universidades latinoamericanas.
Impacto nacional e internacional
La tecnología espacial y satelital no es solo un recurso técnico, es un instrumento político y humanitario que puede romper el círculo de impunidad que prevalece en torno a esta realidad insoslayable. Al generar evidencia verificable, apoyar la localización de fosas y visibilizar patrones de desaparición, la tecnología satelital se convierte en una aliada estratégica de los colectivos de madres buscadoras y en un mecanismo de presión internacional frente a un Estado que niega esta realidad.
En el complejo momento que vive el país, el gobierno actual que dice “gobernar por y para el pueblo”, las desapariciones -por reclutamiento del crimen organizado y trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado- se incrementan cuantiosamente, con el cobijo de la impunidad y opacidad; a pesar de que instancias internacionales han evidenciado la gravedad humanitaria del asunto, empeorada por la violencia armada y agravado por la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
En este contexto, el 11 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público su informe “Desaparición de personas en México”, documento oficial CIDH -OEA, de 236 páginas que incluye 40 recomendaciones, 11 de las cuales están enfocadas en fortalecer las políticas sobre búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y puede descargarse en el siguiente vínculo:
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2026/informe_desapariciones_mx_spa.pdf
El informe visibiliza el fenómeno de la desaparición de personas en México, aborda los esfuerzos que realizan las mujeres buscadoras, madres, personas, familias y colectivos que buscan a sus seres queridos. En el primer capítulo, el informe desglosa la situación actual de la desaparición a partir de los perfiles de las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), al 3 de junio de 2025, se computaban 128.713 personas desaparecidas, de las cuales 98,788 son hombres de entre 20 y 34 años de edad (en la mayoría de los casos por reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado), y 29,503 mujeres de entre 12 a 19 años (en su gran mayoría con fines de trata de personas y explotación sexual). A la fecha de aprobación del informe, según estimaciones independientes, la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000. Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica.
Previamente, el 17 de octubre de 2025 el Comité contra la Desaparición Forzada / Committee on Enforced Disappearances (CED) de la ONU tomó una decisión histórica al activar por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada (ratificada por México el 18 de marzo de 2008), remitiendo de manera urgente la situación de crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas; destacando el reclutamiento forzado y la colusión con el crimen organizado. Esta resolución (activación) -sin precedentes- que representa un hito para investigar la desaparición forzada, responde a la existencia de indicios fundados de que las desapariciones se cometen como una práctica sistemática -de forma generalizada- y no aislada en el país; alcanzando magnitudes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El CED alertó entonces que México concentra la mayor cantidad de acciones urgentes a nivel global (819 casos acumulados hasta inicios de 2026). Como parte de las resoluciones y acciones críticas recientes (abril, 2026), se denunció el colapso del sistema forense institucional (crisis forense y clandestina), evidenciando que el número de restos humanos sin identificar en el país escaló de 52,000 en 2021 a cerca de 72,000 cuerpos y fragmentos en 2026, hallados en más de 4,500 fosas clandestinas. La ONU ha documentado que las desapariciones están relacionadas con la operación del crimen organizado en México, a menudo con la aquiescencia, tolerancia o participación directa de autoridades locales, estatales y federales.
Empero la crítica internacional no termina ahí, la situación se agrava recientemente por el hecho de que -recientemente- de manera tangencial un tribunal federal de los Estados Unidos ha señalado abiertamente al gobernador de Sinaloa -en funciones e integrante del partido en el poder-, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y armas, relacionándolo claramente con el crimen organizado (por lo que solicitan su extradición); considerando que según la insistencia de Trump “son los carteles, simplemente, quienes gobiernan” el país, señalando que el crimen organizado ha infiltrado las más altas esferas del poder en México y poniendo en duda el legítimo combate al crimen organizado por parte del gobierno.
Ante esta descomunal realidad, en un país dónde el gobierno hace muy poco o nada para ayudar a los colectivos de las madres buscadoras, es necesario y urgente acelerar la utilización de tecnología satelital con propósito humanitario para dar esperanza a esos colectivos; cuyos beneficios pueden reflejarse en el corto y mediano plazo e impactar positivamente en beneficio del segmento de la sociedad directamente afectada. En este deplorable escenario, lo más grave es que mientras el gobierno de México trata de mantener su imagen de nación soberana, que enfrenta eficazmente sus problemas nacionales, el mandatario estadounidense -justificándose- evidencia a nuestro país como un “Estado fallido” que requiere de intervención externa, en el contexto de la seguridad nacional americana.
En suma, la ciencia y tecnología espacial (combinación de imágenes satelitales de alta resolución, drones con sensores térmicos y mapas SIG colaborativos) puede transformar la búsqueda de desaparecidos en México al ofrecer herramientas de precisión, reduciendo riesgos, aumentando la eficacia y la visibilización de hallazgos. Sin embargo, esto depende de que el Estado acepte apoyo internacional y garantice la seguridad de las madres buscadoras. Para los colectivos, el acceso a imágenes satelitales, drones y sistemas SIG no solo fortalece sus capacidades técnicas, sino que también les brinda un respaldo científico y político frente a la lamentable inacción estatal, que se entiende, ya que, al utilizar estas tecnologías en este ámbito específico, no habría justificación de porque no utilizarlas también en otras áreas sensibles como el rastreo y trazabilidad del huachicol fiscal.
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