La administración de un aeropuerto requiere de personal altamente calificado, con conocimientos técnicos especializados y experiencia acumulada a lo largo de años de operación continua en el sector aeroportuario.
Se trata de una función que demanda competencias en logística, normatividad internacional, seguridad operativa y gestión de recursos, entre otras áreas igualmente complejas.Durante el sexenio anterior, se impulsó una política de incorporación de personal militar, particularmente generales y elementos retirados de las fuerzas armadas, para ocupar puestos directivos en diversos aeropuertos del país. Esta medida, lejos de fortalecer la operación aeroportuaria, trajo consigo consecuencias negativas: decisiones con escaso sustento técnico, sobrecostos por reparaciones recurrentes y modificaciones constantes a la infraestructura, todo ello con cargo al erario y, en última instancia, financiado por los usuarios y contribuyentes.
Lo anterior resulta especialmente preocupante si se considera que los recursos públicos destinados al desarrollo aeroportuario no han rendido los frutos esperados.
En lugar de observar una mejora sostenida en la calidad de los servicios o en la eficiencia operativa, se advierte una creciente canalización de recursos hacia las fuerzas armadas, derivada de una iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La participación institucional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad es ampliamente reconocida; sin embargo, su incursión en la administración de infraestructura civil estratégica, como lo son los aeropuertos, plantea serias dudas sobre la idoneidad técnica, la transparencia en el uso de los recursos y la viabilidad de dicha gestión a largo plazo.
Sin duda, es el momento de dar un golpe de timón y corregir el rumbo de la política aeroportuaria en México. La evidencia reciente muestra que la gestión militar de los aeropuertos no solo carece de la experiencia necesaria, sino que representa una carga económica que el país no está en condiciones de sostener.
Inexperiencia que cuesta cara.Los problemas de gestión no son especulaciones, sino que están documentados. Documentos internos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) revelan que el propio director general, el general brigadier retirado Isidoro Pastor, ha tenido que señalar la “persistente falta de comunicación asertiva y coordinación integral” entre los mandos militares, lo que genera cuellos de botella y retrasos en la toma de decisiones.
Empleados del AIFA han denunciado que la cadena de mando castrense anula las recomendaciones técnicas del personal civil, llegando incluso a justificar la compra de equipo innecesario.
En el AICM, la situación es igualmente crítica: bajo el mando del almirante retirado Juan José Padilla Olmos, se han realizado obras improvisadas, como la remodelación del filtro Bravo en Terminal 1, que fue inaugurada en octubre de 2024 y demolida menos de un año después para “volver a remodelarse”, sin una explicación clara sobre el uso de los recursos.
Subsidios millonarios, no ganancias para el país. Lejos de ser negocios autosuficientes que aporten al desarrollo, los proyectos aeroportuarios a cargo de la milicia operan gracias a un flujo constante y creciente de dinero público.
En su primer año de operaciones, seis grandes proyectos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR), incluyendo aeropuertos, reportaron pérdidas operativas por MX$5,600 millones . Para cubrir este desfase, el gobierno federal destinó MX$20,990 millones en subsidios solo en 2024 .
El caso del AIFA es paradigmático: aunque reportó utilidades por MX$414 millones en el primer semestre de 2025, esto no ha impedido que continúe recibiendo transferencias federales.
Para 2026, se le han etiquetado MX$744.6 millones en el presupuesto, destinados principalmente a cubrir su nómina.
El director del AIFA ha confirmado que, a pesar de la rentabilidad operativa, los recursos públicos son necesarios de “forma permanente” para la protección de los bienes y el pago de salarios . Desde su inauguración en 2022, el AIFA ha recibido la suma de MX$5,250 millones en subsidios .El dinero de los contribuyentes debe impulsar el desarrollo, no capitalizar a la milicia.
Esta estrategia contradice el objetivo de que los recursos económicos que aportamos los contribuyentes para que se reinviertan en el desarrollo del país.
Mientras los aeropuertos militares operan con pérdidas y subsidios, modelos de gestión privada como el de ASUR (Grupo Aeroportuario del Sureste) demuestran que es posible planificar inversiones a largo plazo sin depender del erario, con programas de desarrollo maestro que consideran la expansión y mejora de la infraestructura con recursos propios.
La actual política no solo militariza un servicio civil, sino que desvía fondos públicos escasos hacia proyectos ineficientes, en lugar de canalizarlos a áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
“Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y pueden o no reflejar el criterio de A21”
