Por Francisco Muciño
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) quiere llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia que sostiene con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el régimen de derechos de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados (slots).
El pasado 22 de noviembre, el ente regulador dijo que presentaría ante la corte un Decreto de Reformas al Reglamento de la Ley de Aeropuertos y las Bases Generales para la asignación de slots, emitidos por el Ejecutivo Federal y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), respectivamente.
La Cofece asegura que el contenido de las normatividades no eliminan “efectos anticompetitivos” en el actual sistema de asignación de horarios y que no se atendieron las recomendaciones que hizo en mayo pasado.
No obstante, especialistas consideran que la controversia no debería proceder debido a que se confunden términos y, en caso de que sí proceda, la corte debería dictaminar que el regulador sectorial es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Permisos e insumos
En marzo pasado, la Cofece dijo que los servicios de aterrizaje, despegue, uso y control de las plataformas del AICM que utilizan los transportistas aéreos son un insumo esencial y que las reglas para su acceso “generan afectaciones sistemáticas en la programación diaria, como cancelaciones y retrasos en los vuelos”. Por ello la comisión considera que puede actuar en este caso.
Pablo Casas, abogado e investigador especializado en derecho aeronáutico, explica que los slots son un permiso administrativo que otorga la autoridad aeroportuaria, no un insumo, por lo que la comisión está confundiendo términos.
Ellos dicen que consideran los derechos de aterrizaje y despeje un insumo, y los insumos son los elementos que forman parte de la producción de otros bienes. Están confundiendo peras con canicas.”
El especialista agrega que la controversia constitucional es un procedimiento jurisdiccional ante la Suprema Corte, que sirve para dirimir conflictos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero no entre entes de la misma naturaleza, como en este caso son la Cofece y el Ejecutivo federal.
“Resulta absurdo que no sepan qué procedimiento o recurso promover en contra del reglamento”, agrega Pablo Casas, quien considera que la controversia debería ser desechada por la corte.
Sin claridad en facultades
De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución, el dominio directo del espacio sobre el territorio corresponde a la nación. Mientras que el Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos dicta que el administrador aeroportuario asigna la organización y planeación de los vuelos al transportista.
Si el control del espacio aéreo y la administración de los horarios de despegue y aterrizaje corresponden al Estado y al gobierno, ¿por qué la Cofece interviene en este caso? Miguel Flores Bernés, profesor de la Escuela Libre de Derecho (ELD), dice que no se dejaron claros los alcances de las facultades del regulador en la reforma a la Ley de Competencia Económica de 2013.
“Las facultades que se le dieron a la Comisión en la Constitución fueron muy amplias y que ninguna autoridad en el mundo tiene. Y, en ese momento, ya se estaba hablando de que podría haber un problema, de que la comisión pudiera regular en sectores donde ya había un regulador.”
Según el Artículo 94 de la Ley de Competencia Económica, la Cofece iniciará “de oficio o a solicitud del Ejecutivo federal, por sí o por conducto de la Secretaría, el procedimiento de investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos.”
Flores Bernés, quien fue comisionado de la Antigua Comisión Federal de Competencia (CFC) dice que es claro que la SCT es el regulador sectorial.
La cuestión es que, cuando la comisión quiera actuar, no debería interferir en la regulación del experto, quien sabe de despejes, aterrizajes y aeropuertos.”
Incertidumbre jurídica
El ex comisionado indica que si los aeropuertos tienen que acatar disposiciones puede provocar incertidumbre jurídica y espera que esta controversia no se prolongue ni afecte la asignación de los slots.
“La Cofece quiere que se le aclaren los puntos, pero lo que deberían aclararle es que no tiene facultades” en este caso.
En este punto coincide Pablo Casas, quien incluso califica el comportamiento del regulador como insidioso.
“No son competencia de la Cofece las facultades administrativas del Estado.”
