Hay decisiones que nacen con turbulencia. Y la más reciente intención del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, de “facilitar” los “slots del bienestar” a aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es una de ellas.
No por el gesto diplomático, sino por la ligereza con que se comunicó y, peor aún, por la manera en que se intentó presentar como una salida al diferendo con Washington.
La presidenta debería saber que en aviación —y en política aérea— los atajos suelen convertirse en facturas caras.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), a cargo de SEAN P. DUFFY y bajo la administración de DONALD TRUMP, mantiene una postura inflexible: la cesión de slots no resolverá el desacuerdo. Y tiene razón.
El problema no es cuántas franjas horarias se ceden o se intercambian; el problema es de cumplimiento.
Estados Unidos ya trazó la ruta del litigio: acusa a México de violar el Acuerdo Bilateral Aéreo al reducir de manera unilateral las operaciones en el AICM y obligar el traslado de la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Y cuando un país incumple un tratado, no hay “slots del bienestar” que lo maquillen.
Lo que sigue es desgaste, presión regulatoria y la posibilidad —nada remota— de represalias, incluida una eventual baja de categoría.
Aun así, desde el Gobierno se intentó presentar la medida como un gesto de buena voluntad.
Ahí comenzó otra turbulencia: la falta de claridad.
La presidenta Sheinbaum habló de una transferencia de slots de aerolíneas mexicanas a estadounidenses, pero sin explicar el mecanismo, sin detallar qué aerolíneas participarían y, sobre todo, sin fundamentar cómo podría realizarse algo así sin contravenir los procedimientos establecidos desde hace años.
Dicho de otra manera: se comunicó con el viejo estilo del “AIC se va”.
La pregunta en la comunidad aeronáutica fue inmediata: ¿bajo qué acuerdo? Ningún memorándum, ningún tratado y ningún marco bilateral permite que un gobierno asigne los slots de una aerolínea a otra por decreto político.
Eso simplemente no ocurre en los países que toman en serio su aviación.
O se respetan los métodos y las reglas de coordinación, o se entra en cielo severamente turbulento.
Lo preocupante aquí es el mensaje.
Se envía la sensación de que la política aérea mexicana se improvisa; que la técnica se subordina al cálculo político; que los compromisos internacionales pueden ajustarse como quien mueve piezas en un tablero.
Y en aviación, cuando se pierde la confianza, se pierde altura.
No es la cesión de slots lo que está en discusión.
Es la credibilidad de un país que hoy intenta explicar decisiones que, a ojos de su socio comercial más importante, rompieron un acuerdo firmado y vigente.
Para recuperar estabilidad, México necesita algo más que anuncios: necesita instituciones que hablen con una sola voz, reguladores que ejerzan autoridad y gobernantes que entiendan que la aviación no es un accesorio político, sino infraestructura estratégica de Estado.
Porque —como ya lo hemos dicho en más de un vuelo— en política aérea, como en cabina, no hay peor error que entrar a una tormenta creyendo que saldremos de ella por pura suerte.
¡Queda Dicho!
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