Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Perú, respondió a los cuestionamientos planteados por gremios del sector aéreo y turístico respecto a la aplicación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, e hizo un llamado a sostener un debate informado sobre la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo del país.
A través de un pronunciamiento, la empresa sostuvo que la TUUA no constituye una decisión unilateral del concesionario, sino que está contemplada en el Contrato de Concesión suscrito con el Estado peruano desde 2013. Asimismo, recordó que la entrada en vigor de este cobro estaba condicionada al inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto.
LAP cuestionó además los argumentos de algunos representantes de la industria aérea que han señalado que la tarifa afectaría a los pasajeros internacionales en conexión. Según la compañía, las autoridades peruanas solicitaron a los gremios aeronáuticos estudios o análisis económicos que sustenten dicho impacto, información que hasta el momento no habría sido presentada.
“La principal preocupación parecería estar relacionada con el impacto en los ingresos de las aerolíneas y no con una eventual afectación a los pasajeros”, señaló la empresa en su comunicado.
El operador aeroportuario destacó que el cobro de tarifas de transferencia es una práctica habitual en aeropuertos de distintas regiones del mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Brasil y Asia. Sin embargo, afirmó que, a diferencia de otros mercados, en Perú las aerolíneas optaron por no incorporar la TUUA de Transferencia Internacional dentro del precio final del boleto aéreo.
De acuerdo con LAP, esta decisión obliga a los pasajeros a realizar trámites adicionales durante su conexión en Lima y genera una percepción distorsionada sobre el costo total del viaje.
La compañía también observó que las críticas a la TUUA contrastan con otros cargos aplicados directamente por las aerolíneas, como los relacionados con selección de asientos, equipaje documentado o embarque prioritario, cuyos costos pueden superar el monto de la tarifa aeroportuaria.
Respecto a la Adenda N.° 9 del contrato de concesión, LAP aseguró que el procedimiento se desarrolla conforme al marco legal vigente y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su legalidad. La empresa sostuvo que la normativa peruana contempla mecanismos de transición que garantizan la continuidad jurídica de los procesos iniciados antes de modificaciones regulatorias.
En ese contexto, advirtió que la judicialización de decisiones técnicas vinculadas a la infraestructura aeroportuaria puede generar incertidumbre para las inversiones y afectar la planificación de proyectos estratégicos para el sector.
“La judicialización de decisiones técnicas genera incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad del sistema aeroportuario”, indicó la operadora aeroportuaria.
Finalmente, LAP reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la conectividad aérea del Perú y con la consolidación de Lima como uno de los principales centros de conexión de América Latina.
La empresa destacó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez representa una oportunidad para ampliar la capacidad operativa del país, atraer nuevas rutas y aerolíneas, y mejorar la competitividad del transporte aéreo peruano en el ámbito regional e internacional.
