Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que el gobierno federal debe asumir una actitud proactiva en la publicación del plan maestro para la reconversión de la Base Aérea Militar de Santa Lucía en un aeropuerto mixto de uso civil y militar.
“Habría transparencia total si se crea una estrategia de transparencia proactiva para poner a disposición toda la documentación oficial relacionada con este proyecto de Santa Lucía en materia de contrataciones públicas, competitividad y desarrollo económico, desarrollo urbano, medio ambiente e inclusión social” dijo el comisionado Joel Salas.
Esto luego de que el mismo INAI resolviera que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar el Plan Maestro, pese a que el organismo militar reservó la información por cinco años.
Salas consideró que no hay razones para que la información de Santa Lucía sea catalogada como clasificada, pues se trata de una obra pública que dará servicios aeroportuarios a la sociedad.
“No se actualiza la clasificación declarada ya que se estima que la divulgación de la información no representa un riesgo real, demostrable e identificable que perjudique la seguridad nacional, en consecuencia, tampoco afecta el interés público” señaló.
“No es necesario que el INAI nos diga que abramos la información, todo está disponible y seguirá disponible. Seguiremos informando conforme vayamos avanzando” señaló al respecto Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los documentos disponibles hasta ahora son estudios realizados por NavBlue (aunque la misma empresa ha señalado que aún continúan los estudios de la reconfiguración del espacio aéreo), Aeropuertos de París y otros organismos nacionales como la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El futuro Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será construido por la Sedena, la cual tiene por objetivo inaugurarlo el 21 de marzo de 2022. Distintos organismos nacionales e internacionales se han opuesto a la rapidez con la que se planea finalizar la obra y han pedido una mayor comunicación por parte del gobierno federal.
