Cerca de mil controladores de tránsito aéreo interpusieron una demanda de amparo contra la última reforma a la Ley de Remuneración de Servidores Públicos. Esto como consecuencia del recorte de sueldo que sufrieron estos trabajadores en su pago quincenal más reciente.
Por ahora, las casi mil demandas están en proceso de “turno” para ser asignadas a un juzgado. Aunque la causa sea común, cada controlador interpone su caso de manera particular con su correspondiente número de expediente.
De momento, los amparo interpuestos solicitan la suspensión provisional de los efectos de esta Ley, la cual no será reconocida por los controladores hasta que el Gobierno presente los tabuladores de sueldos y el manual de remuneraciones que acompaña cada ejercicio fiscal anual.
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Esta ley, publicada el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Entró en vigor al día siguiente de su publicación.
“Consideramos que la Secretaría de Comunicación y Transportes sobrerreaccionó. Esta misma ley señala un principio de anualidad, es decir, que la remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los salarios no se disminuyen durante el mismo. Por lo cual no debían modificar nuestro sueldo sino hasta el año próximo con el nuevo ejercicio fiscal”, explicó para A21 Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Sinacta).
El líder gremial señaló que sus compañeros le pidieron enviar una carta a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para solicitar una explicación sobre la aplicación “anticipada” de esta Ley, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
“Esto coincide con el pago de algunas prestaciones, las cuales no sabemos si también se afectaron y en cuanto. Porque además tenemos el problema de que primero nos depositan la quincena y el comprobante de pago nos lo entregan hasta la siguiente quincena o un mes después, y no tenemos certeza sobre qué nos pagaron y qué nos descontaron”, aseveró Covarrubias Aguilar.
La huelga no es opción
Ante la falta de claridad, algunos miembros de Sinacta promovieron la realización de un paro de labores para presionar a Seneam. Sin embargo, el secretario general aclaró que una acción como ésta sería el último recurso del gremio, pues prefieren evitar que se afecte a la población.
Asimismo, afirmó que antes de entablar el estallamiento a huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para ver si es procedente o no, van a utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para resolver el conflicto.
“Llamé a mis compañeros a la razón aclarando que una huelga es ilegal por dos razones: la primera es que somos funcionarios públicos y no podemos suspender el servicio. Y en segundo lugar, porque el código penal establece que afectar los transportes es delito”, enfatizó Covarrubias.
Agregó que ya solicitaron entrevistas con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con el subsecretario, Carlos Morán Moguel, y con el nuevo director de Seneam, Víctor Hernández.
Finalmente, el líder de Sinacta hizo un llamado al Gobierno para que se haga valer para el gremio de controladores el Artículo 3 de la propia Ley de Remuneraciones: “Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”.
🔴 #ConferenciaPresidente | “Es justicia laboral. Hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad: aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo que ganan muy poco y bajar los de arriba”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/0jqfFcPbMO
— Com. Social del Gobierno de México (@ComGobiernoMx) 4 de diciembre de 2018
