Guadalajara, Jal. Los 12 comuneros del ejido El Zapote, detenidos tras ser desalojados de un terreno aledaño al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por elementos antimotines de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, son “presos políticos”, aseguraron sus abogados.
Maximiliano Lomelí, representante legal del ejido, denunció que el procedimiento estuvo “plagado de irregularidades” así como de violaciones a los derechos humanos de los ejidatarios.
La mañana del viernes, un grupo de comuneros ingresó, con todo y tractores, a un terreno anexo a la terminal aérea, luego de forzar candados y derribar una malla ciclónica, argumentando que contaban con un amparo de un juzgado federal y que dichas tierras eran de su propiedad.
Sin embargo, luego de un intento infructuoso de convencerlos para que se retiraran del lugar, el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer, ordenó su desalojo, acción de la cual resultó la detención de los 12 miembros del ejido.
Al respecto, Lomelí Cisneros denunció que, pese a que los delitos de que se les acusa no son graves, se les impidió seguir su proceso en libertad.
“Estamos acudiendo al juzgado federal donde se falsearon las carpetas de investigación”, refirió el abogado e indicó que los detenidos, entre ellos el presidente del Comisariado Ejidal, Nicolás Vega, fueron incomunicados, y que fue hasta la madrugada del sábado cuando se les permitió el contacto con ellos.
Amén de estos hechos, los abogados afirman que los ejidatarios no abandonarán las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la que exigen el “pago justo” por las 307 hectáreas de terreno que les fueron expropiadas en 1975 para construir el aeropuerto de Guadalajara.
El ejido exige el pago de 2,600 millones de pesos por la superficie expropiada, en tanto que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó el valor de la misma en 61 millones de pesos.
Seguirán movilizaciones
La mañana de este lunes, decenas de ejidatarios se manifestaron frente al Congreso de Jalisco y Palacio de Gobierno para exigir la liberación de los detenidos así como la renuncia del Fiscal General, Eduardo Almaguer.
Éste último, por su parte, justificó el desalojo como una acción para proteger la integridad de los ejidatarios, dado que en el sitio en el que se instaló el plantón se encuentra un depósito de turbosina, y “los manifestantes intentaban encender asadores de carne”, dijo.
