A unos días de terminar la presente administración, no hay un procedimiento administrativo sancionador o carpeta de investigación alguna en contra de los funcionarios involucrados con el diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tal y como lo señaló Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA).
Según Casas Lías, el Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, justificó la decisión de cancelar el NAIM con argumentos de corrupción, en la consistencia del terreno que fue un lago, y, con una falsa e inconstitucional consulta pública.
No importó el costo económico y millonarias penalidades que se tuvo que pagar por la cancelación, la decisión se tomó y hasta la fecha no hay nadie bajo investigación, bajo estos supuestos.
A través de su análisis titulado “AMLO Aeropuertos-Aviación-Autoridad aeronáutica. De la cancelación del NAIM a la creación de la aerolínea estatal (2019-2020)”, detalló que a pesar de que el NAIM costaría 300 mil millones de pesos, éste se canceló.
Sin embargo, dijo, “lo absurdo es que, en este sexenio, a pesar de la opacidad y reserva oficial de la información con el pretexto de la seguridad nacional, se han podido documentar gastos por más de 532 mil 836 millones de pesos en infraestructura y empresas aéreas, que ningún beneficio aportaran al país y a los mexicanos”.
Por el contrario, añadió, serán una carga vitalicia; justificó la decisión con argumentos de corrupción, en la consistencia del terreno que fue un lago, y, con una falsa e inconstitucional consulta pública. No importó el costo económico y millonarias penalidades que se tuvo que pagar por la cancelación.
Casas Lías añadió que ante esa decisión, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) elaborado por el Gobierno federal, contempló la creación de un Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), conformado por una triada de aeropuertos que operaría simultáneamente.
Estos serían el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, como aeropuerto mixto: civil/militar; el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y, como eje central del sistema, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Por tal razón, en el mismo PND se contempló la construcción de una tercer terminal (T3) en el AICM, para que de esa manera, el aeropuerto incrementara sustancialmente su capacidad de operaciones, tanto de aeronaves como de pasajeros y poder así, descongestionar su espacio aéreo y edificios terminales, recordó.
Sin embargo, la construcción de la T3 en el AICM se canceló; el 5 de junio de 2020, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), emitió el “Comunicado 129-2020” informando la cancelación de la T3.
Los motivos que se dieron fueron: “Ante esta situación la SICT, considerando que en marzo de 2022, se inaugurará el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México, con una capacidad inicial para 20 millones de pasajeros, la capacidad adicional en el AICM derivada de la construcción de la T3, resultaría ya innecesaria, por lo que ha propuesto la cancelación del proyecto.”
Ante ello, el presidente del INIJA dijo que el Gobierno Federal canceló la compra de 49% de las acciones del aeropuerto de Toluca a la firma Aleatica, antes OHL, debido a la falta de presupuesto y acuerdos convenientes para ambas partes.
También, destacó, que a pesar de ser considerado como la columna vertebral del SAM, el actual Gobierno no destinó el suficiente presupuesto al AICM, aun teniendo conocimiento desde 2019, de la rehabilitación y mantenimiento que necesitaba.
La realidad actual, es que ni el SAM ni el AIFA ni el forzado y diseño del espacio aéreo mexicano y, los costos que todo ello ha tenido sirvieron para descongestionar el espacio aéreo y edificios terminales del AICM.
Por el contrario, dijo, a la fecha existen sendas declaratorias de saturación de su espacio aéreo y edificios terminales, además de que, se redujeron las operaciones aéreas hasta 43 por hora y la carga aérea internacional, se mandó por decreto presidencial al AIFA.
“El fracaso del SAM y del AIFA, se demuestra con las estadísticas oficiales y la perpetua dependencia del presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El AIFA, está lejos de mover 20 millones de pasajeros y 190 mil operaciones aéreas anuales, como oficialmente se le justificó, además de que, según el programa institucional de la empresa, es hasta el año 2050 cuando éste alcance su última fase de construcción, moviendo 85 millones de pasajeros”, dijo.
Inclusive, a dos años de operaciones aún no interesa como aeropuerto de origen/destino a ninguna aerolínea internacional. Quedó reducido a vuelos domésticos con el mínimo de operaciones aéreas y escaso tráfico de pasajeros, expresó.
