Aun cuando la venta del avión Boeing 787 Dreamliner, propiedad de Banobras y en uso para la presidencia de la República es vista con alivio por muchos actores, hay diversas lecturas respecto a lo que significa para las finanzas públicas.
El avión bautizado como José María Morelos y Pavón y que, al transportar a los presidentes ostenta la matrículo TP-01, fue comprado en su momento por un total de 220 millones de dólares más las adecuaciones que se pidieron para hacerlo de uso presidencial. Al venderse ahora, después de dejar de usarlo durante 4 años, en 92 millones de dólares fue calificado como “un mal negocio para el país” pues los diversos avalúos situaban su precio entre 117 y 175 millones de dólares, según la perspectiva.
Pablo CasasLías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), calificó la operación como “un caprichoso muy caro, porque finalmente va a pasar como pasó con el aeropuerto de Santa Lucía”.
En entrevista con A21, el especialista mencionó que de acuerdo con el último avalúo de la consultora internacional Ascend Flightglobal Consultancy, el valor del avión Dreamliner 787-8, era de 175 millones de dólares.
Si bien reconoce la depreciación del bien por el tiempo, pero también no se puede tener una depreciación de 70% de una aeronave de este tipo en ocho años, en especial porque se vendió un avión de medio uso.
Pero el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán fue “benéfica para el país, porque se termina con un episodio más de lo oneroso y superfluo que dejaron las anteriores administraciones”.
“Fue una venta que es benéfica para el país, es despojarnos de todo lo oneroso, de todo lo banal y de los signos del Poder que es lo que alienta a muchos políticos a luchar por él, no el bien común, sino luchan por los privilegios que concede el Poder”, indicó.
Por su parte, el diputado panista, Jorge Inzunza Armas, dijo que esto fue “un circo del Presidente de una decisión que ha costado mucho dinero, no sólo del avión, sino del mantenimiento, tenerlo parado ahí; sinceramente es darle atole con el dedo a la gente”.
El avión, dijo, fue una pieza de museo que le ha costado mucho al pueblo mexicano.
Lo que falta por pagar
CasaLías dijo que mover el TP01 tenía un costo de cien mil dólares por hora, eso en un estimado, pero se trata de la seguridad de un presidente, es un tema de Seguridad Nacional.
“Sigue volando (el presidente) con escoltas en vuelos privados; se compran boletos para varios, toda la logística que implica, el presidente no es cierto que se suba solo, van por lo menos 10 escoltas en el mismo vuelo”, dijo.
Mencionó que “¡qué bueno que se vendió! ¡lástima que sea el peor de los negocios! No había necesidad que por un capricho se hayan perdido 120 millones de dólares”.
Recordó que el costo de la compra del avión en la administración de Felipe Calderón fue de 219 millones de dólares, a un tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar, el puro avión -el fuselaje- costó 127 millones de dólares sumados más de 90 millones de dólares por adecuaciones solicitadas por el entonces Estado Mayor Presidencial (customización ejecutiva).
Comentó que ojalá y el Gobierno exhiba el pago, ya que esta administración con su opacidad y falta de información pública hace dudar. Que se exhiban los mil 659 millones de pesos -aproximados en 92 millones de dólares-.
El abogado expresó que los recursos por los que se vendió el avión -92 millones de dólares- ni siquiera cubren el adeudo con Banobras, que es de aproximado cien millones de dólares; “le vas a querer pagar a Banobras y vas a querer hacer hospitales, pues de dónde, si las cuentas no dan”, dijo.
Al mismo tiempo expresó que “dónde queda su aerolínea que les acaban de aprobar y no tienen presupuesto para ello, por qué no destinan ese dinero para la aerolínea o para comprar el nombre de Mexicana de Aviación; cierras un frente y abres 20”, dijo.
O por qué no, sugirió, usas el dinero para dárselo a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para contratar más gente, ya que “el hecho de que hayan aprobado las reformas no garantiza que recuperemos la categoría”.
