Por Ricardo Capilla Vilchis
Médicos dictaminadores y conductores federales de los sectores aéreo, marítimo y ferroviario se congregaron esta mañana afuera de las instalaciones en la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para manifestar su inconformidad ante las revocaciones de autorización a los médicos para fungir como terceros autorizados.
El objetivo de los médicos y operadores federales de transporte es solicitar una audiencia con Ricardo Neri Vela, director general de Protección y Medicina Preventiva de la SCT para presentarle un pliego petitorio y se aclare la situación. Sin embargo, los congregados no tuvieron éxito y no fueron recibidos por la Dirección General por lo que intentarán reunirse con ellos nuevamente la próxima semana.
El tercero autorizado, es una figura autorizada para llevar a cabo exámenes psicofísicos integrales. En este caso, la SCT avala a médicos y consultorios que cuentan con el equipo necesario para que puedan evaluar las condiciones de salud de los operadores y otorgarles, -o denegarles, si es el caso- el “apto” para que puedan obtener sus licencias federales.
En el pliego petitorio se busca, entre otras cosas, que la depuración de Terceros Autorizados se lleve a cabo conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se informe sobre las políticas que la SCT implementará, revisar y modificar el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva del Transporte, así como establecer nuevas reglas de operación para el programa de Terceros Autorizados.
De acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, desde finales del año pasado la SCT ha retirado autorizaciones de una manera presuntamente injustificada a médicos de todo el país, aún después de que los especialistas de la salud realizaron las inversiones económicas necesarias para realizar las valoraciones clínicas.
“Para darnos la autorización nos pidieron una inversión en equipo médico caro. Además, nos piden fianza, un seguro y pagar por el derecho de utilizar el sistema MEDPREV, que es en donde se registran los datos clínicos de los trabajadores y mediante el cual se emiten las constancias de aptitudes”, comentó.
Por ejemplo, parte del equipo médico que la SCT exige a las clínicas para otorgar la certificación como tercero autorizado es una báscula especial con un valor de entre 60 mil y 200 mil pesos, una cabina de audiometría valuada entre 30 mil y 100 mil pesos y equipo para la realización de electrocardiogramas, con un costo de entre 30 mil y 100 mil pesos. Los costos varían dependiendo de las marcas y modelos.
Asimismo, explicó que la SCT ha justificado estas acciones bajo el argumento de que los exámenes médicos realizados por los terceros autorizados no se llevan a cabo de manera adecuada. Incluso, se han dado casos donde los médicos han detectado alteraciones en los dictámenes, donde se aprueba a trabajadores que previamente registraron como no aptos, con el fin de hacerlos parecer como negligencia por parte de los médicos, ya que el sistema MEDPREV puede ser manipulado por personal con acceso a éste.
Otra fuente que pidió el anonimato, dijo que este problema no es nuevo, y la SCT ha acumulado una gran cantidad de demandas perdidas a causa de la suspensión de terceros autorizados de manera ilegal.
“La secretaría no tiene médicos especializados en medicina de aviación, por lo que autorizó a médicos especializados en medicina de aviación externos, entre otros médicos, para realizar los exámenes y no hacerlos en la Secretaría. Esto se volvió un foco de corrupción en donde Valente Aguilar, que era el director general de medicina preventiva, decía quién, en dónde, con qué y cómo podía convertirse en tercero autorizado”.
“Valente Aguilar, exdirector de Protección y Medicina Preventiva de la SCT decidía qué médicos y consultorios podían realizar las labores de tercero autorizado y quitaba la autorización a aquellos que no le convenían o no le gustaban“.
Esta situación afecta a aproximadamente 300 consultorios que previamente habían sido aprobados por la SCT para llevar a cabo los exámenes médicos. Actualmente, poco más de 70 consultorios aún conservan la autorización para realizar las evaluaciones a los conductores, de los cuales solo 14 se especializan en la evaluación de trabajadores del sector aéreo.
Por otra parte, la totalidad de operadores de transporte se ve afectada porque en el país existen tan solo 42 Unidades Médicas Oficiales, que no se dan abasto para atender a todos los operadores federales de transporte que existen en el país, además de que son señaladas por los manifestantes como entidades corruptas.
