En 2010, tres especialistas atendieron 155 investigaciones de accidentes e incidentes aéreos; de 2011 a 2012, dos personas se encargaron de 363; de 2013 a 2015, cuatro personas gestionaron 879 sucesos; en 2016, seis personas laboraron en 328 investigaciones, y del 2017 a la fecha, cinco personas trabajaron en 509 sucesos.
Es decir, en promedio un investigador está coordinando la dictaminación de 100 accidentes o incidentes.
Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), un investigador de accidentes aéreos en México percibe un sueldo promedio mensual de 17 mil 62 pesos, dividido entre la cantidad de eventos ocurridos durante los últimos nueve años, recibieron alrededor de 73 pesos al mes por cada nueva investigación.
A partir de 2010 México enfrentó una media de 72 accidentes por año. El 2018 batió récord alcanzando esta cifra en apenas seis meses. Por su parte, los incidentes (hechos que estuvieron cerca de ser accidentes) alcanzaron un promedio de 105 sucesos anuales.
Según entrevistas realizadas por A21 a personal actual y a ex investigadores, la planta “está totalmente rebasada” por la carga de trabajo, de las 1950 indagatorias que se abrieron entre 2010 y 2017, solo pudieron concluirse 361 de ellas, es decir, apenas un 18 por ciento para un periodo de 7 años.
Aumentaron los sucesos pero no los sueldos
Información proporcionada a A21 por el Departamento de Proyectos Especiales de la DGAC señala que, durante el sexenio de Felipe Calderón, un investigador recibía 14 mil 297 pesos al mes; el jefe de departamento, 17 mil 46, y el director del área, 25 mil 254. Estos salarios no recibieron ningún tipo de aumento durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Tras una auditoría, en 2010, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) degradó a categoría 2 a la aviación mexicana. Hecho que significaba afectar las actividades de negociación entre ambos países en el campo aéreo al no poder garantizar estabilidad económica y seguridad operacional de la industria.
Como lo señala el libro blanco de la auditoría de la FAA –y del cual A21 tiene copia–, para recuperar la categoría 1, la DGAC se comprometió entre otras cosas a “contar con el número suficiente de inspectores calificados”, así como a “obtener las autorizaciones respectivas para incrementar el salario a estos nuevos inspectores”. En suma: prometió crear más plazas laborales para satisfacer las necesidades de seguridad.
“Después de esa resolución esperábamos más personal para nosotros y ni una plaza nueva nos llegó”, expresó Jorge Garcia Gallegos, director del Departamento de Análisis de Accidentes e Incidentes del 2008 al 2013, en entrevista para A21.
Según el ejercicio fiscal 2011 del organismo, se utilizaron 18 millones 135 mil 706 pesos en la creación de 70 plazas: 19 para la Dirección General de Aviación, 18 para la DG de Seguridad Aérea, 23 para el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, y 10 para la Dirección de Certificación de Licencias.
“Le informo que, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización […] durante el periodo requerido no se crearon nuevas plazas en la estructura de la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación”, confirmó DGAC a A21 respecto al periodo calderonista.
Más accidentes que investigaciones terminadas
No fue hasta 2013 que la DGAC sumó algunos investigadores nuevos a su planta. No obstante, el presupuesto destinado al personal de esta área es muy bajo en comparación con el de organismos como la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) de Argentina, considerada como el mayor caso de éxito en este rubro en América Latina.
La JIAAC propuso para su ejercicio fiscal del 2018 el equivalente a 23 millones 85 mil 200 pesos mexicanos para los gastos de su personal. La institución reportó no sólo concluir más del 80 por ciento de sus investigaciones, sino que se aseguraron que los operadores accidentados corrigieran las fallas que los llevó al siniestro.
En cambio, la contraparte mexicana recibe un promedio de 1 millón 145 mil 138 pesos al año para su personal, es decir, apenas el 4.96 por ciento del organismo argentino.
La dependencia mexicana recibe solo el 0.50% del presupuesto del total que le otorga el gobierno federal a la SCT. En 2011, un año antes de que México se dispusiera a ser auditado por primera y única vez por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la DGAC recibió 713 millones 384 mil 474 pesos, su presupuesto más alto de los últimos diez años, que no se ha vuelto a igualar.
En 2012, la OACI auditó a México. Desde entonces, hizo hincapié la necesidad de instaurar un pendiente del Anexo 13, documento que rige la investigación de accidentes en el mundo:
“Los Estados establecerán una autoridad de investigación independiente de las autoridades estatales de aviación y de otras entidades que pudieran interferir con la realización o la objetividad de una investigación”.
Sin embargo, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación permanece al fondo del tercer piso en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en el boulevard Adolfo López Mateos.
