El pasado 8 de febrero, la mayoría morenista de la Cámara de Diputados aceptó, de manera fast track y sin más análisis, conocimiento del tema o asesoramiento por parte de los expertos (o al menos no les hicieron caso), el dictamen que militariza los cielos de México.
La parte que aquí tratamos se refiere al dictamen mediante el cual se aprueba la formación del Consejo de Vigilancia del espacio aéreo, para que opere bajo el mando de la Sedena, “con el objeto de llevar a cabo funciones de vigilancia, navegación, tránsito y seguridad en el espacio aéreo de mexicano”.
Debemos decir que, este trabajo, ya ha sido coordinado en México con éxito desde hace décadas, por parte de lo que hoy es la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y sus antecesoras.
La modificación a la Ley, que hoy se vota, resulta en una casi inevitable complicación a futuro en todos los procesos que, hasta hoy, han garantizado sobre todo la seguridad de millones de personas que transitan los cielos de nuestro país cada año.
Lo que los expertos ven venir de inmediato es una falla de coordinación entre las instancias militares y civiles, lo que afectaría, para empezar, la seguridad de las aeronaves repletas de pasajeros que sobrevuelan cada minuto alguna parte de nuestro territorio.
El Sistema Integral de Vigilancia Aerea (SIVA), operado y coordinado principalmente por nuestra Fuerza Aérea, en combinación con otras entidades, ha funcionado desde hace más de 15 años, y es el encargado de hacer este trabajo de vigilancia, que tiene su principal base operativa en una red de radares que se integran a un centro de mando y control, y que deberían cubrir la totalidad de nuestro espacio aéreo.
Desafortunadamente, la austeridad republicana ha sido la causa de una importante demora y reducción de recursos económicos, además de humanos, por lo que, en nuestros días, solo un 35% de nuestro territorio se encuentra debidamente vigilado por este sistema.
¿No sería una decisión más inteligente, por parte del Gobierno y los legisladores, que los recursos y esfuerzos que se están dirigiendo a este nuevo Consejo Integral de Vigilancia Aerea fueran aprovechados para continuar la expansión de equipo de detección moderno, para reforzar el trabajo del SIVA que, por lo menos, ya está probado y en funciones?
En el SIVA se invirtieron, entre los años 2015 y 2018, la cantidad de 630 millones de pesos.
Hay que mencionar que este último sistema, que ha trabajado bien durante tres lustros, tiene además la capacidad de recibir datos de sistemas Norteamericanos, como el US Northcom o el NORAD (Nort American Aerospace Defense Command), que son una ayuda vital en la vigilancia de nuestro espacio aéreo en la frontera con Estados Unidos, y que es sin duda la más conflictiva.
El espacio aéreo mexicano ha estado vigilado por nuestra Fuerza Aérea desde siempre, como parte de sus funciones constitucionales, pero increíblemente, uno de los argumentos principales de los diputados de Morena para aprobar este dictamen es que las aeronaves que trafican o efectúan operaciones fuera de la ley pueden colisionar con las aeronaves comerciales.
Hay que decir que la falta de conocimiento sobre el tema no les permite comprender que las aeronaves fuera de la ley vuelan a bajas altitudes, por debajo de los 200, metros sobre el terreno y evitan áreas pobladas, con el objeto de no ser detectadas por los radares civiles y militares.
Por otra parte, los aviones comerciales tienen altitudes de crucero de hasta 12 kilómetros sobre el terreno, y todas están en perfecto control y vigilancia por parte de los servicios de Control de Tráfico Aéreo.
Lo anterior aunado a los modernos sistemas de detección (TCAS), con las que están equipadas por ley las aeronaves comerciales y la mayoría de las militares, minimiza enormemente la posibilidad de los eventos de colisiónes en vuelo, a los que se refieren los legisladores.
Como sea, sabemos que ellos tristemente solo siguen órdenes superiores y que todo lo demás que puedan decirnos son solo pretextos para cumplirlas, sin siquiera tomarse el tiempo para leer, estudiar y asesorarse sobre un asunto de tal importancia.
No es una buena idea la militarización total de nuestros cielos, la aviación civil y la militar se manejan de manera muy diferente, y tienen sus propios procesos y procedimientos.
Lo que sí hace sentido es mejorar y reforzar cada uno de esos procesos operativos de manera independiente, uno del otro, porque estos tienen años mostrando que, como hasta hoy y a pesar de sus limitaciones, sigue funcionando de manera coordinada y segura.
Nuestra aviación, nuestras aerolíneas y nuestra industria turística están recibiendo un embate inédito.
Hoy tenemos que lidiar con la militarización de nuestro espacio aéreo, con la posible desaparición de FONATUR, la posibilidad de que sea aceptada la propuesta del gobierno federal sobre cabotaje aéreo (sabotaje aéreo, diría yo), las constantes limitaciones de todo tipo en el aeropuerto Benito Juárez, que incluyen las de operaciones de carga y, por otra parte, el sabido chantaje a nuestras aerolíneas nacionales para operar en el Felipe Ángeles y darle viabilidad a como dé lugar.
A todo lo anterior habría que sumar lo que se pueda acumular esta semana en decisiones sin sentido y contrarias a lo que la industria aérea moderna exige en el mundo, decisiones que están trayendo (otra vez) incertidumbre a una industria aérea, que representa el 3.5 del PIB mexicano.
Al menos por conveniencia, ya que parece que no lo hacen por convencimiento o conocimiento, nuestros legisladores deberían ponderar lo referente a la seguridad aérea a la hora de decidir cualquier cosa sobre la nueva ley de aviación que se pretende, aunque desafortunadamente ya hemos visto que no tienen mucha visión de futuro.
Otros países ya han sufrido las desastrosas consecuencias de decisiones erróneas y retrógradas sobre este tema, y algunos de ellos de plano han visto desaparecer su industria aérea, con todas sus graves consecuencias económicas y sociales.
Que conste…
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