Cada vez me queda más claro que al ritmo que vamos, la normatividad aeronáutica internacional y la imprescindible capacidad de regulación amparada en ella de las actividades aéreas nacionales por parte de las correspondientes autoridades nacionales está siendo rebasada a gran velocidad por los avances tecnológicos en la materia.
El caso de los multicitados y cada vez más grandes, capaces y por ende también cada vez más peligrosos drones me parece el más claro ejemplo de cómo inclusive hasta esos pilares normativos que desde hace más de siete décadas han sido el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, sus 19 Anexos y la organización global al más alto nivel que vela por su cumplimiento, es decir, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), parecen hoy día incapaces de ofrecer al usuario del transporte aéreo un marco de regulación y gestión que garanticen, hasta donde ello es posible, la seguridad de las operaciones.
El texto recientemente publicado en este mismo espacio, hablando de los avances de la OACI en gestión de drones, documento que incluye valiosos comentarios de un muy acreditado y estimado compañero columnista en el sentido de la lentitud con la que la propia OACI reconoce tienen lugar los cambios a los Anexos al Convenio de Chicago y el conocer de primera mano el tortuoso y obsoleto proceso por el que deben pasar dichas propuestas, por ejemplo en México, no hizo otra cosa motivarme a tratar de recuperar lo que hace casi 6 años publiqué en una nota en el portal de noticias T21 en el sentido de que dada la velocidad con la que está creciendo número de drones empleados en todo tipo de misiones civiles y militares, y la magnitud de las operaciones que se están realizando con este tipo de equipos, no debemos descartar que podrían superar tanto los alcances de la normatividad que los regula, como la capacidad de las autoridades competentes de supervisar su cumplimiento para así garantizar la seguridad de quienes comparten con ellos tanto espacio aéreo como la de quienes yacen bajo el mismo.
El problema se complica actualmente conforme la OACI y algunas entidades legalmente designadas para actuar como autoridad aeronáutica civil en un Estado Contratante, no solo no avanzan, sino por el contrario, sufren recortes presupuestales o se les imponen restricciones administrativas que limitan y hasta contraen severamente su capacidad de gestión.
Qué triste la paradoja en la que se encuentra la industria aeronáutica; por un lado avanzando tecnológicamente a pasos acelerados y por el otro cada día más sujeta a un modelo regulatorio obsoleto.
Quizás ha llegado ahora sí el momento, tal y como lo he insinuado en entregas anteriores, de que los representantes de los gobiernos se vuelvan a reunir en Chicago o en donde sea, para nuevamente poner en orden a la aviación civil internacional y en una de esas para reinventar a la OACI y al modelo normativo que ampara, mismo que me temo, como las viejas tecnologías igual ya dieron lo que podían dar, lujo que para ser honestos no se puede dar una actividad tan compleja, dinámica y con tantos riesgos como es la aeronáutica, esfuerzo que invariablemente debe acompañarse de una transformación propia del Siglo XXI a nivel de autoridades aeronáuticas nacionales.
¿Cuántas enmiendas a los Anexos al Convenio de Chicago van a ser adoptadas sin contar por razones de burocracia con el punto de vista de los actores aeronáuticos locales?
¿Cuántas desgracias aeronáuticas más deben tener lugar para que quien debe hacerlo a nivel internacional o local, le otorgue a la normatividad y a quienes velan por su aplicación la importancia que merecen y le quiten los lastres burocráticos y presupuestales que actualmente cargan?
¿Será que solamente hasta que un dron termine con la vida de decenas de ocupantes de una aeronave con la cual pudo haber colisionado en vuelo que vamos ver de qué manera, ahora sí en serio y de manera internacionalmente acordada, vamos finalmente a regularlos de manera efectiva?
Me sumo a las voces que en ámbitos aeronáuticos internos y externos esté tratando de llamar la atención sobre la amenaza a la seguridad de todo y de todos que supone el evidente rezago de la normatividad y su gestión respecto a la evolución de la tecnología de vuelo.
