Lo peor que le puede suceder a una empresa buena y consistente es que unos nuevos administradores desperdicien su riqueza y su potencial y termine entrando en quiebra. Una de estas empresas, proverbial en nuestro país, Mexicana de Aviación, terminó en la declaratoria de quiebra (que aún no ha causado estado), porque carecermos de un sistema que ponga por delante la utilidad y riqueza que una empresa ofrece al país.
Por ello, en Estados Unidos existe una de las protecciones legales más útiles cuando una empresa está en riesgo de irse a la quiebra, se trata del llamado Capítulo XI, una figura jurídica en el Código de Quiebras de Estados Unidos, mediante la cual una sociedad mercantil puede solicitar protección legal a un Juez para que éste evalúe sus recursos y deudas; y ordene la liquidación o reorganización sin que sea demandado o más afectado en el proceso.
Hace unos días, Grupo LATAM se acogió a esta protección, que es voluntaria, incluyendo a sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, dejando fuera a las de Argentina, Brasil y Paraguay. Previamente, Avianca también se acogió al Capítulo 11 como una reorganización de la Compañía por el impacto de la pandemia.
Este Capítulo XI de la Ley de Quiebras le da a las empresas dos opciones: la reorganización o la liquidación. La primera garantiza el reestructurar las deudas y garantizar que la actividad siga adelante; la segunda, permite que el proceso de quiebra sea ordenado, expedito y con el menor daño posible.
En México, hace 20 años existía la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo se derogó y nació la Ley de Concursos Mercantiles, que incorporó figuras jurídicas con un enfoque distinto para que las empresas que buscaran la protección de un Concurso Mercantil tuvieran la oportunidad de reorganizarse y reestructurarse, para hacer frente a sus obligaciones de una manera ordenada, transparente y equitativa, mediante arreglos con sus acreedores reconocidos para evitar llegar a la quiebra.
Los abogados que son parte de la Comisión de Derecho Concursal de la Barra Mexicana de Abogados están buscando, a través de una iniciativa abanderada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, la adición de un Título a la Ley de Concursos Mercantiles que disminuye considerablemente los requisitos y plazos que tiene el Juez para dictar una sentencia de concurso mercantil.
La iniciativa contempla la reducción importante de trámites en comparación con los previstos en el procedimiento ordinario. También elimina figuras que normalmente hacen más extenso el proceso, como la del visitador que analiza, corrobora y confronta la información contable, financiera, jurídica, y administrativa de la empresa
Se trata de limitar toda dilación procesal que pudiera entorpecer la agilidad del procedimiento, y que por el contrario, sea expedito, fácil, ágil y permita el retorno a la actividad económica de la empresa.
Si hace 10 años hubiéramos tenido un proceso más ágil -y apegado a derecho-, hoy Mexicana seguiría en pie.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.
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