Más allá de posturas políticas, criterios personales o tendencias ideológicas, la presente administración federal se ha caracterizado por una toma de decisiones, por decir lo menos, “cuestionables”. Este espacio sería insuficiente para mencionar -sin análisis ni reflexión- todas las determinaciones que en este breve periodo de tiempo de haber iniciado la administración han afectado a nuestro sector aeronáutico, y aunque ocasionalmente se ve una “llama de esperanza” en alguna afirmación, comentario o posible avance sustancial en un tema u otro vinculado a la aeronáutica, el paso del tiempo nos ha dejado ya sin esperar mucho y escépticos que el actual liderazgo nacional y las autoridades en materia aeronáutica den firmes avances en el desarrollo integral de nuestro sector, tanto en el ámbito público como privado, comercial y particular, y/o civil o militar.
Sin embargo, en las últimas semanas esta situación se ha incrementado, particularmente por la “rifa” (que siempre no va a ser “rifa” sino “lotería”, y con unas reglas de operación que confunden a cualquier eminencia en ciencias complejas) del TP-01, el “Avión Presidencial”. Lo que empezó como un chiste, como una burla, como una “ocurrencia más”, se ha convertido en una profunda debacle para el Estado Mexicano, sus instituciones, sus autoridades y para el sector aeronáutico nacional de carácter integral.
Es trágico ver que, a nivel internacional, esta declaratoria presidencial se ha convertido en objeto y sujeto de burla, de risas, e incluso de argumento caracterizador de nuestro país. Si esto fuera únicamente así la situación sería vergonzosa pero manejable; pero lamentablemente esto ha trascendido a otros espacios, ambientes y términos.
Recordemos que la “rifa del avión” per se es violatorio de al menos tres contratos de arrendamiento internacional. En ese proceso hubieron otras aeronaves para fines comerciales/civiles que fueron parte de la negociación y acuerdo; además que cuando se celebra un contrato de esta naturaleza entran en juego más factores vinculantes, como la deuda pública nacional, acuerdos y tratados internacionales (recordemos que este es una aeronave para fines militares, con tecnología exclusiva para el Estado y con mecanismos de defensa e Inteligencia que no son del conocimiento ni capacidades de adquisición civiles) y otras consideraciones de orden jurídico-normativo.
Pero desde el momento que la presente administración federal manifestó de una u otra manera su intención por desconocer y vulnerar estos acuerdos y entendimientos internacionales, así como los tres contratos de arrendamiento en cuestión con su plan de “rifarlo”, el efecto no se hizo esperar: ante la comunidad internacional se transmitió el mensaje que el Estado Mexicano no necesariamente va a honrar y cumplir sus acuerdos y relaciones contractuales.
Podría argumentarse que esto solo aplica para las Instituciones del Estado, pero el mensaje transmitido -o al menos una interpretación válida del mismo- es que no hay autoridad en México que obligue a cumplir un acuerdo y contrato internacional, ya que cuando la misma cúpula del liderazgo nacional quiere mueve normas, trata de manipular la opinión pública y generará los cambios necesarios para su beneficio o el de sus allegados. Esa interpretación es la que esta circulando actualmente en el entorno internacional, y más que una burla pasajera implica un profundo daño a la imagen y la integridad nacional.
Lo anterior es relevante en particular por las afectaciones al sector aeronáutico nacional mexicano en su vinculación transnacional. Recordemos una vez más que nuestro ámbito es uno de los de mayor rendimiento, mayor crecimiento y mayores potencialidades de desarrollo en décadas venideras, y que muchos actores particulares mexicanos han invertido considerables recursos en una apuesta al futuro y al porvenir. Por lo tanto, el que un mensaje como estos se disemine a nivel internacional puede generar daños y afectaciones colaterales en el futuro a todo el sector.
Evidentemente, estos efectos no se verán de inmediato. Veremos sus profundas consecuencias en el mediano y largo plazo, un entorno en el cual la imagen del país se haya visto dañada y menospreciada de manera sistémica y sin que nuestras autoridades no hayan hecho nada por detener esta percepción del país. Es interesante ver que hasta el momento no se ha emprendido una campaña de “control de daños”, en particular por que el liderazgo nacional no considera que haya daño alguno.
Debemos recordar una vez más que la toma de decisiones globales en materia de aviación no se toma de un día para otro, y que buen parte de este proceso de fundamenta en índices e indicadores complejos, es decir, con una amplia multiplicidad de variables intervinientes. Una de ellas la integra los antecedentes crediticios, contractuales y de observancia normativa de un Estado, sus instituciones y sus actores nacionales. A su vez, el comportamiento de éstos es un indicador clave para evaluar la capacidad de un Estado para ejercer la norma internacional y así dar certidumbre a la inversión internacional en este importante rubro.
Las afectaciones y daños colaterales pueden permear a todo el sector aeronáutico nacional, y sin duda veremos sus efectos en el porvenir. Sea este el momento de reconocer el potencial daño, emprender labore de rectificación (si no en el sector público al menos si en el privado) y tratar de contener las percepciones potencialmente dañinas a nuestro sector. No seamos ciegos, ilusos o negligentes ante esta situación, no pensemos que “no pasa de una ocurrencia y unas risas”. Ahora que está de moda, escuchemos la sabiduría popular que reza: “Entre risa y risa, …”
