Desde hace algunos meses en este espacio semanal el suscribiente ha sugerido la posibilidad ineludible que vehículos aéreos no tripulados (conocidos como “drones”) pudieran ser usados por grupos terroristas, subversivos, insurgentes y delincuenciales. En julio del presente año, un dron con un par de granadas de fragmentación cayó sin detonar en el patio de la casa del Secretario de Seguridad Pública de Baja California. En el entorno entorno internacional el número de incidentes donde agentes contrarios a los Estados Contemporáneos han hecho uso de esta tecnología para su beneficio y el detrimento de otros actores y la mayoría social es incuantificable.
En este mismo espacio, el suscribiente ha reiterado que mientras que debemos dar la bienvenida a estas tecnologías, también es urgente e imperativo regularlas, controlarlas y prevenir su empleo inapropiado. Aunque existen países con muchos mayores controles y consciencia que México, hay muchos que tienen una regulación mucho más deficiente y medios de supervisión prácticamente inexistentes. Esto abre la puerta a que estos medios de vanguardia sean empleados para fines terroristas y como instrumentos de proyección de intereses no necesariamente legales (respaldados por la normatividad nacional e internacional vigente) ni legítimos (con el apoyo de una mayoría social que les otorgue un soporte en su accionar). Este es exactamente el entorno que en su momento describimos como ideal para la emergencia de nuevas amenazas aeromóviles, y el contexto de lo ocurrido el 14 de Septiembre en Arabia Saudí.
A tempranas horas de la mañana y bajo la protección de la obscuridad arábiga, un conjunto de drones equipados con explosivos de alto poder volaron sobre el espacio aéreo saudí e impactaron contra instalaciones estratégicas de producción de petróleo y otros hidrocarburos con alto valor comercial internacional. Piloteados aparentemente por un grupo insurgente Houti, quienes residen en Yemen y mantienen un conflicto étnico-político con los saudí, estas aeronaves inhabilitaron casi el 50% de su capacidad productora (y por tanto de exportación) de crudo, limitando más de 5.7 millones de barriles de crudo al mercado internacional y reduciendo el 5% del marcado global del hidrocarburo. En otras palabras: fue un atentado terrorista con alcances globales empleando una tecnología virtualmente indetectable.
Sobra decir que en los últimos días la comunidad internacional ha girado cuantiosas declaraciones condenatorias, así como amenazas de retribución contra las partes responsables. En alguna parte de este caos mediático, político y casi sin inteligencia preventiva, ahora Irán ya también salió involucrado y Estados Unidos nuevamente amenaza contra el Estado Islámico con acciones militares. Sin embargo, también cabe aclarar que no hay evidencia contundente e irrebatible que el Estado Iraní estuvo involucrado en estos atentados, y esto es totalmente lógico: un ataque de esta naturaleza es algo que requiere de cuantiosa y meticulosa planeación, y quien lleve a cabo estas acciones sin duda sería cuidadoso de no dejar evidencia comprometedora más allá del grupo insurgente que se adjudicó la responsabilidad. La historia nos indica que Irán ha mostrado este comportamiento anteriormente y sin duda actualmente es plenamente capaz de este tipo de atentados, pero es necesario señalar que hasta el momento no hay evidencia contundente que demuestre su participación.
Lo que no es discutible ni debatible es el hecho que una vez más los drones probaron ser una herramienta instrumental para el éxito de estos atentados. Su empleo fue brutalmente eficiente, pues la inversión requerida fue relativamente poca y los daños causados fueron extremadamente elevados. Son aeronaves virtualmente imposibles de detectar, y aunque se cuenten con medidas de alta tecnología para prevenir su despliegue siguen siendo en un importante problema de seguridad física. La facilidad para adquirir, armar y desplegar estas aeronaves-bomba es también significativo, ya que realmente no se requiere de una alta especialización para tal fin, como el caso de Baja California lo demuestra.
Es entonces imperativo volvamos a discutir en torno al mal empleo de los drones para fines delincuenciales, terroristas o extremistas. El incidente en Arabia Saudí de este pasado 14 de Septiembre nos obliga a reflexionar sobre la situación nacional de la administración y gestión de estas aeronaves en cielos mexicanos, así como a valorar las posibles vulnerabilidades y amenazas que estos instrumentos representan en el contexto nacional contemporáneo. Nuevamente es necesario destacar que la SCT no posee normas claras ni medios eficientes para su implementación y supervisión en torno a los vuelos de estas aeronaves no tripuladas. Mientras que existe un vago marco normativo en la materia realmente no se cuenta con los medios necesarios para su implementación.
Por su parte, el Estado Mexicano y sus instalaciones estratégicas son ampliamente vulnerables a un ataque que emplee drones como instrumento. No sólo carecemos de capacidades de detección oportuna, sino que también no contamos con medios para su neutralización o inhabilitación preventiva. Solo pensemos el daño que un par de drones comerciales con explosivos improvisados podrían causar en instalaciones de PEMEX, CFE, o de alguna Institución Federal o instalación estratégica. El costo sería muy bajo, pero los efectos trascendentes.
Es entonces nuevamente necesario plantear el tema al reflexivo lector en torno a esta área de vulnerabilidad del Estado Mexicano, sobre la urgencia de reforzar la normatividad y los esfuerzos para hacerla valer, y para implementar medidas preventivas –no esperarnos a que sean reactivas- ante el mal empleo de estas tecnologías. De lo contrario lo ocurrido el 14 de Septiembre en territorio saudí podría ser la antesala de una verdadera calamidad en tierras mexicanas. Sea este un llamado de atención y no una ominosa profecía que augura una tragedia prevenible. Ya tenemos bastantes de esas; que no sea esta una de tantas predicciones sobre las cuales pudimos hacer algo como Estado.
