De acuerdo con información del periódico El Economista, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha modificado nuevamente el plan maestro para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
Por increíble que parezca, y a consecuencia del “descubrimiento” del Cerro de Paula, el plano de construcción de una de las pistas será movido para evitar que las aeronaves se encuentren, durante la aproximación final, con este obstáculo orográfico que tiene una elevación de dos mil 625 metros sobre el nivel del mar.
Aunque en un principio se pensó que la pista sur sería de operación exclusiva de los aviones del ejército y Fuerza Aérea, se confirmó que la pista comprometida por el cerro será utilizada indistintamente por aeronaves militares y civiles aunque sólo en condiciones de vuelo visual lo que, lógicamente, la hace completamente inútil cuando las condiciones de visibilidad sean reducidas por mal tiempo o niebla especialmente en las estaciones de verano e invierno.
Lo anterior quiere decir que, en lugar de tener tres pistas con capacidad para aproximaciones y aterrizajes simultáneos por medio de instrumentos, Santa Lucía tendrá dos y, como consecuencia lógica, una reducción importante en el número de aviones y capacidad de absorción de tráfico aéreo.
También se confirmó que el costo contemplado de la construcción se eleva en casi un 12% a los 79 mil millones de pesos, más lo que se pueda acumular de acuerdo con las experiencias internacionales en cuanto a la construcción de aeropuertos.
Hasta donde sabemos, éste será el único aeropuerto internacional de operación civil-militar en el mundo, situación que tampoco contempla el Anexo 14 de OACI, por lo que me parece que su certificación por parte de esta institución y de otros organismos internacionales, así como la aceptación para operar por parte de aerolíneas de todo el planeta, podría traer problemas futuros a la hora de la dicha certificación.
Tema aparte el que se refiere a la decisión final de las diferentes aerolíneas para realizar operaciones en tres aeropuertos diferentes como se planea debido principalmente a los altos costos económicos que representa y a la implantación de una logística sumamente complicada en cuanto al mantenimiento y al movimiento de tripulaciones y aviones.
Caben algunas preguntas: ¿quién será responsable de la administración de este nuevo aeropuerto, un mando militar o uno civil? o acaso ¿habrá dos administradores?
En todo caso, ¿los militares estarán de acuerdo en recibir órdenes de un administrador civil, cuando los primeros han estado a la cabeza de una base aérea cuyo manejo y ubicación física fue pensada por cuestiones de seguridad nacional?
¿Estarán de acuerdo los militares en sujetarse completamente a las directrices de los contratistas civiles que intervengan en la construcción?
Una vez iniciadas las operaciones, ¿cuál sería la relación de los militares con los mandos civiles de aduanas, migración y con los protocolos de vigilancia aeroportuaria?
Todavía no queda claro lo que se planea hacer con toda la infraestructura militar ya instalada y si serían necesarios accesos especiales hacia y desde donde se encuentran instaladas las casas habitación de casi 8 mil militares y sus familiares.
Tampoco se tiene muy claro cuál será la infraestructura necesaria para servir a los 20 millones de pasajeros contemplados para el año 2021 y que se moverán desde dos o hasta tres aeropuertos diferentes para iniciar o conectar sus vuelos nacionales e internacionales, de acuerdo al plan aeroportuario del gobierno y tampoco tenemos los datos de cómo se van a manejar los 80 millones de viajantes al finalizar todas las etapas de construcción e inicio de operaciones al 100% dentro de treinta años.
No podemos olvidar que la administración del espacio aéreo del Valle de México seguirá siendo un grave problema que puede comprometer la seguridad de las aeronaves, porque hablamos de la coordinación especial por parte de los servicios de control de tráfico aéreo de dos o quizá tres aeropuertos que se encuentran ubicados en áreas rodeadas por montañas y con constantes de mal tiempo durante la mayor parte del año.
En fin, hay muchas más preguntas que respuestas y ya comenzamos a ver claramente los problemas consignados por toda clase de expertos nacionales e internacionales a propósito de la cancelación de un proyecto estudiado por años y con un avance del 32% en su construcción como lo era el del aeropuerto de Texcoco.
Seguramente en el futuro seremos testigos de mayores problemas y no solo referentes a la construcción en Santa Lucía, sino también debido la todavía incomprensible decisión de cancelar el proyecto Texcoco que hubiera puesto a México a la altura de los aeropuertos más importantes del mundo, con todas sus favorables consecuencias políticas, sociales y económicas.
Cosa de tiempo.
