Apenas iniciando el año y la actual administración, hay algunos pendientes en la agenda del sector transporte aéreo que tienen que ser atendidos con urgencia. El primero de ellos es que la Secretaría de Hacienda explique cómo fue que en menos de 48 horas, durante las fechas navideñas, lograron convencer a una “abrumadora mayoría” de inversionistas del NAIM -renuentes a aceptar una oferta reciente-, de las bondades de la nueva propuesta para cambiar los términos de los contratos de construcción y para que sus recursos les sean devueltos sin nuevo aeropuerto.
Si bien la SHCP anunció con bombo y platillo que los tenedores de bonos habían aceptado la recompra de 1,800 de los 6,000 millones de dólares colocados para financiar la construcción del NAIM, nadie ha explicado todavía en qué términos se dio la negociación, quién o quiénes influyeron en el súbito cambio de parecer y los demás detalles de la transacción. Urge que lo expliquen.
Otro asunto es el que se refiere a la construcción de la nueva pista en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Aunque se explicó que será la Secretaría de la Defensa (Sedena) la encargada de la construcción, lo cual suena lógico, tampoco hay detalles de este encargo. Se puede especular que será esta instancia y no otra quien realice esta ampliación porque siendo -como es- un aeropuerto militar, no se requiere ninguna autorización de organismos de aviación civil ni empresas certificadas para la realización de aeropuertos comerciales para validar las operaciones. Sucederá, como fue el caso de la Base Militar de Terán en Tuxtla Gutiérrez o en la base de Ixtepec, Oaxaca, que la Fuerza Aérea permitirá a los civiles operar en “su” territorio.
En ese sentido, ya no será necesario que Mitre haga ningún estudio de espacio aéreo ni que OACI valide la operación de este aeropuerto, puesto que no es una terminal aérea civil, sino una ampliación de la base militar. Y esto, que sin duda es ingenioso, también tendrá cierta dificultad para operar en el futuro, pero por lo pronto permite saltarse los protocolos usuales e iniciar la obra lo antes posible, que es lo que quiere la actual administración.
No obstante, sí sería importante que se busque una forma de darle viabilidad a la aviación mexicana en los próximos años porque la aviación comercial tiene sus propios códigos y necesidades que los gobiernos entienden y apoyan para darle viabilidad en el largo plazo.
Y aquí hay otro pendiente urgente. Tiene que ver con la planeación del sector, con la política pública. Hasta el momento no se ha escuchado nada respecto a lo que se conoce como Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento donde usualmente se plasman las directrices gubernamentales en cada sector.
Independientemente de cómo se le llame en esta nueva era, esa planeación es urgente porque se requiere una guía para saber por dónde debe transitar la industria del transporte aéreo y qué puede esperar el sector privado y los trabajadores y profesionales de la aviación en los siguientes años, en diversas materias, desde política de cielos, aeropuertos y concesiones, hasta supervisión y educación técnica aeronáutica, entre lo más importante.
Por último, también está el asunto de la investigación del accidente del helicóptero Agusta 109-S donde el 24 de diciembre perecieron la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Será una tarea ardua pero de ahí se desprenden dos urgencias: la creación de la agencia de investigación de accidentes, una gran necesidad para que existan más recursos en este rubro, y las recomendaciones que se desprenderán de la investigación para hacer más seguros unos cielos que en los dos años pasados fueron testigos de más de 160 accidentes, la mayoría de la aviación general. Esteremos pendientes.
Lo oí en 123.45: Y esperamos, también, la resolución sobre Mexicana de Aviación. E-mail: raviles0829@gmail.com
