Uno de los puntos clave que incluye la iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley de Aviación Civil son los aspectos sobre seguridad operacional y de investigación de accidentes, destacando las facultades de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos, quien tendrá independencia para realizar la investigación y autoridad absoluta al llevarla a cabo.
Sin embargo, especialistas en derecho aeronáutico señalan preocupación por dos cosas: que no se trata de una reforma a fondo, y, mucho menos presupuestaria, que es el problema real de las autoridades aeronáuticas mexicanas; y por otro lado la derogación de la fracción V del artículo 78 Bis, es decir la eliminación del sistema de supervisión de la seguridad operacional.
“Si bien es cierto que la reforma tiene algo bueno, también cierto es que, aunque así lo sea, la AFAC no cuenta con presupuesto para realizar cabalmente su trabajo, y, lograr que México cumpla con los estándares de seguridad fijados internacionalmente, a los que ésta obligado”, declaró Pablo Casas, abogado en derecho aeronáutico.
“Dentro de la Ley vigente, se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe tener un programa estatal de seguridad operacional destinado a la gestión de la seguridad operacional por los Estados Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil, eliminar el sistema de supervisión de la seguridad operacional es gravísimo”, señaló por su parte, Lorena Valencia, abogada experta y miembro de miembro de la Asociación Internacional de Mujeres en Aviación (IAWA por sus siglas en inglés).
También propone cambiar la responsabilidad del comandante respecto de la aeronave; en la ley vigente dicha responsabilidad termina cuando se entrega la aeronave a la autoridad competente, al permisionario o dueño de la aeronave; en la iniciativa presentada la responsabilidad del comandante terminará cuando se detenga por completo la aeronave al finalizar el vuelo y se apaguen los motores utilizados como unidad de propulsión principal.
Adicional, los concesionarios, permisionarios, operadores aéreos y propietarios de aeronaves, se convierten en responsables solidarios con el comandante o piloto al mando y se les impondrán sanciones hasta 448 mil pesos, por transgredir las limitaciones existentes sobre tiempos de vuelo, servicio o descanso del personal de vuelo o sobrecargos.
Hasta 1,344,300 pesos por no llevar a bordo de la aeronave copia certificada del Certificado de explotador de servicios aéreos y las especificaciones de operación. Hasta los 896 mil 200 pesos y la cancelación de la matrícula de la aeronave en cuestión, por presentar documentación que no haya sido emitida por la autoridad competente con la finalidad de realizar la operación de una aeronave, entre otras sanciones.
Esta iniciativa de reforma fue enviada por el Ejecutivo con el fin de dar respuesta a los hallazgos que realizó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) durante su auditoría a la aviación mexicana. El proyecto de iniciativa ya fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados para dictamen.
