Personal de aviación solicitó el apoyo del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y del Congreso para reabrir el programa de terceros autorizados con el fin de resolver las deficiencias en la aplicación de los exámenes médicos que requieren para obtener sus licencias de vuelo, luego de que la presente administración cerrara dicho programa.
Un grupo de 930 personas conformado por pilotos privados, comerciales, de transporte público, sobrecargos, técnicos de mantenimiento, controladores y dueños de empresas, y con conocimiento del director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitaron vía correo electrónico al Secretario de Comunicaciones y Transportes que analice adecuadamente la decisión de cerrar “irrevocablemente” dicho programa, ya que las Unidades Médicas que se quedaron a cargo para hacer los exámenes, no cuentan con la capacidad para atender eficazmente al personal que todos los días acude en busca de una cita, y les está afectando progresivamente.
“No estamos en contra de las Unidades médicas de la SCT, pero que reconozcan que no hay equipo, hay falta de higiene, se les cae el sistema, las computadoras están obsoletas. Estamos a favor de que los equipen, de que pongan el personal capacitado y suficiente para atender las citas, de qué sirve que den 50 citas en Guadalajara, si solo pueden atender 30; queremos que reabran las unidades y que paulatinamente tomen las medidas para resolver el conflicto porque se va a poner más difícil. Los compañeros tardan 3 días o más en atender su trámite y tienen que transportarse fuera de la ciudad donde viven, cosa que antes no sucedía. Dejamos de volar, y hacemos muchos gastos que nadie nos cubre y además es muy peligroso para la seguridad que nos valore personal no apto”, declaró el Capitán Piloto Aviador, Rogelio Muñoz, Presidente de la asociación Aviación Profesional de Occidente, y quien los ha reunido a todos en un grupo de Telegram.
En entrevista con A21, comentó que este grupo fue conformado oficialmente para enfrentar este problema “en el que por unos pagan todos”. “Lo cerraron (el programa de terceros autorizados) porque dijeron que había corrupción pero no de todos. ¿Por qué tenemos que pagar quienes lo estamos haciendo bien? si tienen pruebas de que había unidades de terceros corruptas, que las inspeccionen, sancionen y en su caso cierren, pero no haces que paguen todos”, agregó.
Explica que el titular de la DGAC, Rodrigo Vázquez Colmenares, tiene conocimiento del grupo vía el ingeniero Jesús Magaña y Jesús Moreno, director general adjunto de Seguridad Aérea, que están bajo su dirección, asegura que ellos le están informando, ya que para ello están dentro del grupo.
El programa de terceros autorizados fue cerrado paulatinamente desde el inicio de la nueva administración de Medicina Preventiva en el Transporte, a cargo del Dr. Ricardo Neri Vela, quien argumentó que el motivo era la corrupción. “Ellos dicen que los terceros autorizados fueron cerrados por la corrupción pero se olvidan que fueron ellos quienes les dieron el permiso de existir, estaban bajo sus reglas y con su permiso. Ahora que se hagan responsables y revoquen solo las que se merezcan ser revocadas, no merecemos ser afectados todos”, denunció Rogelio Muñoz.
En las denuncias de los trabajadores (incluidos los del sector terrestre) ya se han interesado diversos legisladores: Francisco Javier Guzmán de la Torre, diputado por parte de Morena, ha estado cerca de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, al grupo de 900 se ha acercado Manuel Añorve, senador del PRI, y otro diputado por el PAN está con la Federación Mexicana de Pilotos Propietarios de Aeronaves, con base en Monterrey y mejor conocida como FEMPPA. El grupo de los 900 (como ya le llaman) tiene programada una audiencia con Víctor Fuentes Solís, presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado, la cual sostendrá los próximos días.
