Este jueves, el senador José De Jesús Santana García propuso un punto de acuerdo para que la cámara alta pida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) su intervención en los procesos de cancelación de rutas aéreas al interior del país, a modo de que la dependencia autorice estos cierres previo estudio de impacto jurídico, económico y de conectividad.
El legislador, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó este exhorto a consecuencia de la cancelación de vuelos de Interjet desde Ciudad de México hacia Aguascalientes, Campeche, La Paz, Minatitlán y Reynosa.
En su propuesta, Santana García mencionó tanto el argumento de la reducción de horarios de despegue y aterrizaje que la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México supuestamente aplicó a la aerolínea, así como la respuesta del aeródromo capitalino en el sentido opuesto, aludiendo a estrategias comerciales del concesionario como la razón de dichas cancelaciones.
De igual forma, señaló la suspensión de vuelos desde la ciudad de Chihuahua a Hermosillo, Torreón y Guadalajara, que Aeroméxico aplicó en julio pasado.
El senador del PAN consideró que estas decisiones afectan gravemente a las economías y actividades comerciales, turísticas y financieras en la ciudades y estados donde se cierra una ruta.
“¿Cuántos negocios, planes turísticos, reuniones de trabajo, viajes empresariales, de inversión, prestación de servicios, se ven afectados y a qué costo?”, lamentó.
Sobre la importancia estratégica que tiene el transporte aéreo para el desarrollo de México, el legislador citó estudios donde se establece que por cada 100 puestos de trabajo creados por el sector en forma directa, se genera una demanda adicional de más de 600 empleos en otros sectores.
Finalmente, apremió a que la SCT se apegue a los lineamientos de la Ley de Aviación Civil (LAC), que establecen la obligación del concesionario de sujetarse a los itinerarios, frecuencias de vuelo y horarios y de operar las rutas autorizadas.
“No se trata de un problema con empresas privadas que, a fin de cuentas, pueden decidir sobre sus bienes y estrategias comerciales, (sino) de un servicio público de primera importancia y es obligación del Estado, y por tanto de este Senado, cuidar que se ofrezca en la forma correcta, en beneficio del país y sus habitantes”, reza la propuesta.
El artículo 87 sección XII de la última reforma a la LAC (del 26 de junio de 2017) establece que de “no sujetarse a los itinerarios, frecuencias de vuelo y horarios autorizados”, los concesionarios o permisionarios de transporte aéreo serán sancionados con una multa de doscientas a mil Unidades de Medida y Actualización (15 mil a 75 mil 490 pesos mexicanos).
