Este fin de semana el aeropuerto de Sevilla fue el centro de una manifestación de más de 400 integrantes de las caravanas Mugak Zabalduz y Abriendo Fronteras, como respuesta a lo que ellos llaman una práctica de “deportaciones en caliente” efectuada por las aerolíneas españolas Iberia y Vueling (recientemente involucrada en la deportación de un hombre de nacionalidad senegalesa).
El sábado pasado, durante el abordaje del vuelo VY7888 que salía del Prat de Llobregart, en Barcelona, con destino a Dakar, Senegal, un grupo de once pasajeros se “amotinó” e impidió temporalmente el despegue de la aeronave cuando detectaron que un pasajero senegalés estaba siendo deportado.
Los inconformes amenazaron impedir el despegue hasta que se liberara al hombre esposado dentro del avión.
A petición del piloto, la Guardia Civil española hizo desembarcar a todos los pasajeros, y detuvo a los once “paristas”. El vuelo continuó su curso sin estos pasajeros y con el senegalés a bordo.
Ante esto, la caravana Abriendo Fronteras señaló que los detenidos fueron amenazados con no permitirles viajar en Vueling nunca más si continuaban con la manifestación.
Mikel Basarte, uno de los pasajeros en arresto, declaró que algunos usuarios –como él– sólo se pusieron de pie para averiguar lo que ocurría –porque, señalan, escucharon al migrante senegalés gritar– y, no obstante, los detuvieron a todos.
Por su parte, Andrés García Berrios, abogado del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y asesor de los once procesados, explicó que a éstos se les pretende aplicar la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea que implica una multa de 45 mil a 90 mil euros.
Reviven polémica
Las “deportaciones en caliente”, señalan voceros de la Caravana Mugak Zabalduz, son parte de un acuerdo (vigente desde el 2015 y valuado en 12 millones de euros) entre el gobierno y algunas empresas aéreas (Barceló, Air Nostrum, Iberia, entre otras) para utilizar los vuelos de estos operadores como transporte de migrantes deportados.
Aunque este es un procedimiento que se da desde los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y es vigilado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), testigos señalan que el ciudadano senegalés fue arrestado de inmediato para no permitirle el acceso a España, a falta de documentos que acreditaran su residencia en el país.
Los escándalos por las deportaciones no son tema reciente. En 2016, el CPT ya establecía que el proceso de deportación no respetaba los protocolos marcados por la misma Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) en cuestión de estudios de salud del deportado previos para autorizar un viaje en avión.
Y la caravana Mugak Zabalduz ha reclamado que las deportaciones se hacen en menos de 72 horas, tiempo insuficiente para que el afectado busque defensa.
Por ahora, Vueling sólo se hizo responsable de quienes se vieron perjudicados por los hechos del sábado: dado que la demora afectó el vuelo de regreso a Barcelona, la empresa debió pagar estancias de hotel e indemnizaciones por el retraso a los 176 pasajeros de ese embarque.
