Pablo Chávez Meza
En caso de que el gobierno federal asumiera el adeudo que hoy mantiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que es de 4,200 millones de dólares, los cuales corresponden a los bonos emitidos para la construcción del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) en Texcoco, el cual fue cancelado por la actual administración, sería necesario que el gobierno federal asumiera la deuda, lo cual generaría un nuevo Fobraproa, afirmó Mario Di Constanzo, consultor financiero, exdiputado y exdirector de Condusef.
Este adeudo, que se paga a razón de 460 millones de dólares y que tiene una vigencia hasta 2047, en este momento se costea con los recursos derivados de la captación de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM y, si este aeropuerto es asignado a la Secretaría de Marina, a través del Grupo Aeroportuario Casiopea, tendría que entregarse sin deuda, lo que implicaría que el gobierno federal la asumiera.
Esto podría hacerse dos formas: o el Gobierno Federal la integra a la deuda pública y la pre-paga, o emite un Cete (Certificado de la Tesorería), en cualquier caso estaría haciendo pública una deuda que se contrató de forma privada, ya que los bonos fueron colocado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la garantía de la TUA.
Di Constanzo, quien fuera presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que los bonos del NAIM han ganado precio por la posibilidad de que el gobierno asuma su pago:
“Además les está haciendo un favor a los tenedores de estos bonos -en su mayoría extranjeros- porque si bien existía un riesgo asociado a esta empresa que no era gubernamental, en el momento en que el Gobierno asume la deuda, el riesgo de no pago de estos bonos disminuye y aumenta su valor, es decir, una ganancia adicional para los inversionistas y una pérdida adicional para el Gobierno”, puntualizó.
El origen de la deuda
Durante la construcción del Aeropuerto de Texcoco, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al que se le asignó el AICM y el eventual nuevo NAIM, había colocado en el mercado internacional 6,000 millones de dólares para respaldar la edificación, soportados por la TUA del propio AICM, bajo el principio de que los mismos pasajeros financiaran la construcción con el pago de esa tarifa.
Al cancelarse Texcoco, la actual administración renegoció los términos de esta deuda y para ello hizo un pre-pago de 1,800 mdd y refinanció 4,200 mmd a un plazo de 20 años (hasta el 2047) con el compromiso de pagar 460 mdd anuales, pero bajo los mismos términos de pago a través de la TUA.
Según explicaron a A21 fuentes cercanas al proceso, en la colocación original se estipuló que del total de la TUA recaudada, un 80% se destinaría al pago de los bonos y el resto se dedicaría a gastos de mantenimiento del propio aeropuerto. Sin embargo, en la nueva negociación, el convenio estipula que el 100% de la recaudación del IVA se destina al pago de los bonos, por lo cual el AICM ha presentado problemas de flujo, ya que a este factor se suma la llamada austeridad republicana que ha limitado los recursos que se destinan a la operación de esta infraestructura.
En caso de que el AICM se reasigne a la Marina y el gobierno federal asuma el adeudo se podría liquidar en una sola exhibición o mediante instrumentos de deuda, consideró Di Costanzo.
El consultor financiero explicó las dos formas para que los bonos emitidos por el GACM se liquiden: una, el Gobierno podría decir “voy a asumir esa deuda y la voy a prepagar, básicamente lo que se estaría haciendo es pasar de tener una deuda privada -que tenía una fuente de pago asociada- a convertirla en una deuda pública que se pagaría con ingresos públicos”.
Esto significa que, en vez de que se pague por las personas que usaban el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a través de la TUA, ahora se pagaría por todos los contribuyentes, lo cual, puntualizó, se haría para que la nueva empresa, Grupo Casiopea, no cargue con ningún pasivo, es decir, no tenga adeudo, lo cual obliga a que el Gobierno lo asuma y se acumule a toda la deuda pública en la que ha incurrido.
Una segunda forma de asumir esa deuda, comentó, sería que el Gobierno emitiera un Cete (Certificado de la Tesorería) que iría pagando con los ingresos que se obtengan dentro de lo pactado en la Ley de Ingresos, pero es una deuda que debería aprobar la Cámara de Diputados, pues de otra suerte sería ilegal.
O podría tomar recursos de los ingresos corrientes provenientes de, por ejemplo, las exportaciones de petróleo, los impuestos como el del valor agregado, o el impuesto sobre la renta, entre otros.
“Para este año, dijo, se estima que el costo de la deuda pública sea mayor a un billón de pesos y a éste habría que agregarle los intereses y lo que se va a generar por motivo de estos bonos”, dijo.
Cómo pagaría el Gobierno
Di Costanzo explicó que convirtiendo los 4 mil 200 millones de dólares a pesos -con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar- la deuda de los bonos sería de alrededor de 84 mil millones de pesos, ahí el Gobierno lo paga de “golpe a los tenedores” o emitirá Cetes.
Si emite los Cetes, el pago lo haría a crédito, es decir a los 84 mil millones de pesos se le tendría que sumar los intereses que sigan generando, ya sea a largo plazo o de seis meses a un año, con una tasa de interés muy cercana al 11%.
A consideración del analista financiero, el Gobierno estaría pagando los bonos en una sola exhibición, a través de los ingresos de los impuestos que hayan pagado este año los mexicanos.
Muy mal negocio
Como se recordará, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari -1988 a 1994- se tomó la decisión de rescatar a la banca privada, lo que se tradujo en hacer pública la deuda de los bancos, decisión que siempre fue criticada por el hoy Presidente de la República.
Mario Di Costanzo dijo que cancelar el proyecto de aeropuerto en Texcoco fue un mal negocio, debido a que su costo se elevó tres veces más a lo dicho por la actual administración.
En lugar de ser los 120 mil millones de pesos, que estimó el Gobierno, el dato real fue que ascendió a 300 mil millones pesos -proporcionados por el Auditor Superior de la Federación– y a esto habrá que sumarle el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que fue de alrededor 120 mil millones de pesos.
“Fue una de las peores decisiones que se han tomado en esta administración, nos costó en términos redondos casi 430 mil millones de pesos y al final, que es lo más importante, es que el aeropuerto que se construyó, no satisface las necesidades con las que se pretendían con el aeropuerto de Texcoco”, remarcó.
Otra opción
Por otra parte, analistas consultados, consideraron que una manera de financiar esos bonos es recolocarlos con los Grupos Aeroportuarios para que ellos absorban esa deuda.
Los analistas estimaron que con ello lo solventarían con su propia TUA y esto a cambio de extenderles, por unos años más, las concesiones que tienen.
