Pasajeros de las nacionalidades iraquí, iraní, siria, libia, somalí, yemení y sudanesa, con visas o tarjetas de residente permanente (green cards) vigentes volvieron a ingresar a los Estados Unidos durante el fin de semana, tras la revocación temporal del decreto migratorio del presidente Donald Trump que prohibía su ingreso a ese país.
La tarde-noche del viernes 3 de febrero, el magistrado James Robart, un juez federal de Seattle, emitió una suspensión de carácter temporal pero de alcance nacional, a las restricciones de entrada del controversial decreto. Para el sábado 4, tanto el Departamento de Estado como como el de Seguridad Nacional anunciaron que se había revertido la revocación de visas y que ya no estaban demandando a las aerolíneas que bloquearan a los pasajeros de los países afectados.
Ese mismo día, la aerolínea Emirates, a recomendación expresa por parte de oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU, volvió a admitir a pasajeros cuyos documentos migratorios no hubieran sido cancelados durante la semana que estuvo vigente la medida, y siguiendo el mismo proceso que antes de la firma del decreto por el mandatario estadounidense, efectuada el 27 de enero pasado.
“Etihad Airways continúa monitoreando los acontecimientos en los Estados Unidos y trabajará en estrecha colaboración con las autoridades y nuestros clientes a medida que evolucione la situación”, dijo la aerolínea en un comunicado.
Operadores europeos como Lufthansa Airlines, Air France e Iberia Airways pronto siguieron el ejemplo de la aerolínea árabe y permitieron a aquellos pasajeros debidamente documentados abordar vuelos desde sus hubs europeos.
Frentes de batalla
El domingo 5, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó una solicitud de emergencia de la Casa Blanca, que buscaba revertir la suspensión dictada por el juez Robart y así reanudar la prohibición.
A partir de esta negativa, el tribunal con sede en San Francisco ha pedido a las partes en conflicto que presenten sus escritos legales antes de tomar una resolución. Cualquiera que ésta sea, las partes todavía pueden pedir la intervención de la Suprema Corte.
El Departamento de Justicia ya prepara la defensa del polémico decreto, al que calificó de “ejercicio legal” de la autoridad del presidente para proteger la seguridad nacional.
Por la parte acusadora, representada por los estados de Washington y Minnesota, se ha argumentado que la acción legal contra el decreto busca evitar que se “desate otro caos” migratorio, con familias separadas y estudiantes varados como sus víctimas, así como defender los intereses de compañías líderes, incluido el constructor aeroespacial Boeing.
En su apoyo, 97 empresas de tecnología, entre ellas Apple, Facebook y Microsoft, presentaron una moción ante el tribunal, argumentando que el decreto “viola las leyes migratorias y la Constitución”.
Un panel de jueces de apelación, seleccionados al azar, escuchará los alegatos hoy martes.
