La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) exhortó a sus Estados miembros a cumplir los principios y disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y a salvaguardar el uso de la aviación civil como herramienta para la paz, el desarrollo y la conectividad global. Subrayó que la seguridad de pasajeros, tripulaciones e instalaciones debe mantenerse como prioridad en todas las operaciones.
Expresó que los Estados miembros tienen la responsabilidad directa de garantizar la seguridad del transporte aéreo dentro de su territorio y del espacio aéreo bajo su control. El Convenio establece la obligación de cooperación entre países para prevenir riesgos operacionales y coordinar respuestas ante amenazas que afecten la navegación aérea internacional.
El marco normativo de la OACI contempla medidas para proteger a usuarios y personal aeronáutico. Entre ellas figura el cierre del espacio aéreo cuando existan condiciones que comprometan la seguridad. Esta acción permite reducir la exposición de aeronaves civiles a situaciones de conflicto o peligro y facilita la gestión ordenada del tránsito hacia rutas alternativas.
Cuando un conflicto altera los flujos de tráfico aéreo internacional, la OACI activa mecanismos de coordinación regional e interregional. Estos instrumentos apoyan a los Estados en la aplicación de planes de contingencia en sus regiones de información de vuelo (FIR), conforme al Anexo 11 sobre servicios de tránsito aéreo. El objetivo consiste en mantener la continuidad operativa sin poner en riesgo a las aeronaves.
El organismo también convoca a Estados afectados y vecinos, proveedores de servicios de navegación aérea, aerolíneas y otros actores del sector a foros de coordinación de contingencias. Estos espacios permiten intercambiar información, armonizar procedimientos y acordar rutas y protocolos comunes para asegurar un flujo continuo y ordenado del tráfico internacional.
La OACI recordó que, como se estableció en la Resolución A42-4 adoptada por unanimidad en su Asamblea, la evaluación de la seguridad en zonas de conflicto corresponde de forma exclusiva a los Estados, a sus proveedores de servicios de tránsito aéreo y a las compañías aéreas.
En este marco, el organismo facilita el intercambio de datos técnicos y conocimientos especializados, y promueve acciones coordinadas de mitigación de riesgos, aunque no se pronuncia sobre situaciones relacionadas con países específicos.
