La unidad Pratt & Whitney acordó pagar 33 millones de dólares (mdd) para resolver una demanda colectiva tras suprimir artificialmente los salarios de decenas de miles de ingenieros actuales y anteriores.
La empresa reveló que había llegado a un acuerdo en principio en una presentación ante el tribunal federal de Connecticut, donde se presentaron demandas en 2022 en las que se afirmaba que Pratt y cinco empresas de dotación de personal de ingeniería violaron la ley antimonopolio de Estados Unidos al acordar no robarse empleados entre sí.
Los términos completos del acuerdo se presentarán ante el tribunal en las próximas semanas, pero una fuente familiarizada con la propuesta dijo que había acordado pagar 33 mdd para salir del litigio.
El acuerdo requiere la aprobación de la jueza de distrito estadounidense Sarala Nagala.
Nueve demandantes nombrados, todos exingenieros de Pratt y otros acusados, demandaron a la compañía y a las empresas de personal después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a fines de 2021 a un exejecutivo de Pratt y a otros de una conspiración criminal para restringir la movilidad de los empleados.
Después de un juicio en ese caso, un juez federal absolvió a los acusados antes de que el jurado emitiera un veredicto.
Nagala fue asignada para supervisar más de 20 demandas civiles similares contra Pratt y los otros acusados.
Los demandantes en los casos civiles alegaron que Pratt lideró una conspiración para restringir el reclutamiento y la contratación, manteniendo los salarios de los ingenieros más bajos de lo que hubieran sido de otra manera en un mercado competitivo.
Las demandas buscaban una compensación para un grupo estimado en 43,000 miembros.
En acuerdos propuestos anteriormente, Belcan Engineering dijo que pagaría 9.9 millones de dólares, QuEST Global Services aceptó pagar 8.2 millones de dólares, Cyient aceptó pagar 7.4 millones de dólares y Agilis Engineering aceptó pagar 1 millón de dólares.
Un quinto acusado, Parametric Solutions, está en quiebra y aceptó cooperar con los demandantes, pero no pagar ninguna sanción monetaria.
Agilis, que tenía un acuerdo de indulgencia con el Departamento de Justicia de EU, admitió ante los demandantes que la empresa participó en una conspiración relacionada con el reclutamiento. Los otros acusados negaron haber cometido alguna irregularidad.
