La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), aceptó la denuncia presentada por Venezuela contra Argentina por graves violaciones al derecho internacional “para que el Gobierno de Estados Unidos pudiera llevar a cabo el robo y posterior desguace de una aeronave que legítimamente pertenecía al pueblo venezolano”.
El gobierno de Venezuela alegó que desde el 8 de junio de 2022, Argentina cometió una serie de violaciones al aplicar medidas restrictivas unilaterales ilegales de carácter discriminatorio contra su país, según la denuncia.
Por ello, presentó una denuncia ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) contra Argentina, en virtud del artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, sus Anexos y las Reglas de solución de controversias de la OACI.
Previamente, los gobiernos de Argentina y Estados Unidos acudieron a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y presentaron un reclamo contra el gobierno de Venezuela después de que cerró el espacio aéreo venezolano a los aviones argentinos.
El mes pasado Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela, por prohibir el uso del espacio aéreo.
Las violaciones en las que habría incurrido Argentina, según Caracas, se produjeron contra vuelos no regulares, realizados con la aeronave Boeing 747- 300 matrícula YV 3531 perteneciente al Consorcio Conviasa y arrendada por este último a la Compañía Aérea del Sur SA (Emtrasur).
El avión fue retenido durante el año 2022, en el aeropuerto de Ezeiza, donde el 11 de agosto del mismo año, un juez argentino accedió al pedido de Estados Unidos de apoderarse de la aeronave.
El avión fue finalmente liberado el 12 de febrero de este año y se dirigió hacia el aeropuerto de Florida, Dade-Collier, ubicado a 58 kilómetros de la ciudad de Miami, donde fue desmantelado.
La acción fue calificada por el Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, como un “robo descarado”, al tiempo que denunció “la connivencia entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Argentina, que han violado arteramente todas las normas que rigen la aeronáutica civil, así como así como los derechos comerciales, civiles y políticos de la empresa, poniendo en riesgo la seguridad aérea en la región”.
