La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja para localizar en más de 190 países y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, antiguo dueño y todavía accionista de la aerolínea Interjet, a quien se le acusa del delito de defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos.
El pasado 8 de julio, un juez federal ordenó la aprehensión de Alemán Magnani por el presunto delito de defraudación fiscal, posteriormente el juez de control instruyó su captura tras ser solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Un día después, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el 31 enero de 2021 fue la última salida del país por parte del empresario, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. La dependencia aseguró que mantiene una alerta migratoria a su nombre luego de que las autoridades giraran la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con Javier Mondragón, abogado del empresario, la nueva administración de Interjet, presidida por Alejandro del Valle, es quien debería ser perseguido por este delito, incluso señaló que Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche hicieron una promesa de capital que no se realizó.
Al respecto, Grupo Cabal explicó que su participación no llegó a formularse y se deslindó de la propuesta por lo que no tiene relación de negocios con Interjet, además de que desconoce que exista algún proceso judicial en contra de directivos o socios de sus empresas vinculados a la aerolínea.
En meses pasados, Alejandro del Valle anunció una inyección de capital de 150 millones de dólares, dinero que serviría para impulsar la capitalización de la empresa, así como para reforzar su estructura interna y plan de operaciones; sin embargo, el dinero nunca entró debido a los problemas que mantiene relacionados con sus ejercicios fiscales. En noviembre de 2020, Grupo Cabal anunció oficialmente el retiro de su participación en la empresa.
La ley establece que el delito de defraudación fiscal puede ser castigado con prisión de tres meses a dos años cuando el monto defraudado no sea mayor al millón 221 mil 950 pesos. Si la cantidad excede este monto, los responsables enfrentarían hasta cinco años de prisión.
