La recién anunciada propuesta del poder Ejecutivo para reformar la Ley de Aviación Civil está enfocada en atender a la aviación comercial regular de México antes que a la aviación privada, algo que podría resultar injusto, pues, durante la crisis sanitaria por covid-19, esta última sirvió como un gran apoyo para sacar adelante operaciones aéreas de gran importancia para el país, incluso a nivel gubernamental, aseguró Rodrigo Soto-Morales, abogado especialista en Derecho Aeronáutico.
De acuerdo con el jurista, es urgente que las autoridades consideren a la aviación ejecutiva como un sector, para proyectarla e integrarla a la industria. Si bien sus cifras de transporte de pasajeros y carga no son comparables con las de aerolíneas comerciales, forman parte del mismo ecosistema que permite el desarrollo de actividades económicas.
“Hay que tener una visión de la aviación ejecutiva como sector, lograr que exista un similar de la Cámara Nacional de Aerotransportes, pero integrada por empresas dedicadas a la aviación privada y de negocios, que sea un interlocutor válido con la autoridad”, enfatizó Soto-Morales.
La propuesta de reforma -dijo el especialista- es una reacción a los resultados arrojados en la auditoría llevada a cabo por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre la aviación mexicana, que más que tener una mentalidad de avance, se realizó con el fin de evitar la degradación de México a categoría dos y las consecuencias que esto generaría en las relaciones bilaterales.
Urgen protocolos contra crimen
El especialista destacó la necesidad de que las autoridades mexicanas implementen protocolos claros para la detección y prevención del uso ilícito de aeronaves privadas.
Actualmente, cuando las autoridades tienen sospecha de actividades ilícitas a bordo de una aeronave, se realiza el aseguramiento del vehículo y se detiene a sus tripulantes, sin embargo, no hay un consenso entre los distintos órganos de seguridad del país sobre las medidas para detectar e intervenir en caso de que se desarrolle un delito.
“Si se requiere prevenir la aviación ilícita o relacionada con el crimen organizado, se tiene que involucrar a la aviación privada como sector, para desarrollar junto a él normas, métodos y recomendaciones, con el fin de que cada vez sea más previsible e identificable ese fenómeno”, concluyó Soto-Morales.
